Corrupción asesina en el gobierno de Veracruz

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Accidente en el bulevar Córdoba-Peñuela, donde perdió la vida la pequeña Lía FOTO: FARO NOTICIAS
- en Opinión

Aurelio Contreras Moreno / En medio de la gran cantidad de pifias, irregularidades y evidentes corruptelas detectadas en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Gobierno del Estado de Veracruz que se han señalado en éste y otros espacios periodísticos, destaca una que esta misma semana le costó la vida a una menor de edad.

La noche del pasado sábado 30 de mayo se registró un accidente en un tramo del bulevar Córdoba-Peñuela –el cual se encuentra en “reparación”- en el que una bebé de dos años de edad resultó gravemente lesionada. Por desgracia, la menor falleció el lunes 1 de junio a causa de las heridas en un hospital en Orizaba.

Este asunto no pasaría de ser un lamentable accidente vial de no ser porque, en primer lugar y de acuerdo con los padres de la niña, el incidente se debió a una deficiente señalización –no contaba con abanderamiento- de los trabajos que se realizan en el bulevar mencionado, provocando que el vehículo en el que se transportaba la familia cayera en un desnivel.

Solamente eso ya implicaría una responsabilidad para los encargados de la obra en cuestión, que en este caso es la empresa Cruz Landa Construcciones S.A. de C.V. Sin embargo, la historia no termina ahí y encierra una red de complicidades y corrupción en la que están implicadas autoridades estatales. Específicamente, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas que encabeza el cuestionado neofuncionario Elio Hernández Gutiérrez, la cual escogió a la empresa y le asignó los trabajos.

Por principio de cuentas, la obra en cuestión -construcción con pavimento hidráulico del bulevar Córdoba-Peñuela- incumplió con la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015, relativa al señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales, que contempla entre otras cosas “los señalamientos horizontal, vertical y los dispositivos de seguridad en zonas de obras viales, que se colocan provisionalmente para guiar al tránsito y resguardar la integridad física de los usuarios de las carreteras y vialidades urbanas, así como del personal que trabaja en las obras de construcción, modernización o conservación, y se integra mediante marcas en el pavimento y en las estructuras adyacentes, así como tableros con símbolos, pictogramas y leyendas, complementándose con dispositivos de protección”, para (…) “prevenir sobre la existencia de los peligros potenciales que implican los trabajos mencionados en el camino”.

Pero la ausencia de señalización es solo la punta de la madeja. La obra -que inició sus trabajos el pasado 2 de diciembre de 2019 y que hasta la fecha se encuentra en ejecución- debió ser concluida desde el 21 de febrero de 2020, de acuerdo con los términos del contrato SIOP-OP-PE-105/2019-DGCOP otorgado por la dependencia estatal a Cruz Landa Construcciones en la modalidad de invitación restringida. O sea, a empresas escogidas por la misma SIOP.

Tres meses y medio después del plazo legal estipulado en el contrato, la obra sigue sin concluir. Pero a pesar de ello, ¡la SIOP ya se la pagó por completo, como si estuviese terminada, a la empresa incumplida!

Lo anterior consta en el Informe sobre el Ejercicio y Destino de los Fondos Federales, correspondientes al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020 de la Secretaría de Finanzas y Planeación, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 20 de mayo de este mismo año, y en cuyo avance financiero de los recursos destinados a la obra, éstos aparecen como ejercidos y pagados por el monto total pactado en el contrato: 34 millones 936 mil 502 pesos con 83 centavos.

La autorización del finiquito total de esta obra inconclusa es responsabilidad directa del secretario Elio Hernández, quien habría incurrido en el delito de incumplimiento de un deber legal y los que se le sumen por este hecho.

Empero, la SIOP no es la única dependencia del gobierno de Cuitláhuac García donde Cruz Landa Construcciones se despacha con la cuchara grande. Al menos en la Secretaría de Educación, donde despacha Zenyazen Escobar -otro amigo del gobernador-, la empresa también ha recibido contratos para realizar obras y rehabilitaciones a cargo del Instituto de Espacios Educativos. Habría que revisar de inmediato la calidad de esos trabajos, antes de que ocasionen otra tragedia. Y por supuesto, averiguar a quién “salpica” una compañía evidentemente favorecida por la actual administración estatal.

Hace mucho que el discurso del combate a la corrupción en el gobierno veracruzano quedó rebasado por la realidad. Solo que ahora esa inocultable y cínica podredumbre ocasionó la muerte de una niña inocente.

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