La sentencia de Duarte

Duarte
Javier Duarte de Ochoa FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez / 

Prefacio.

El Órgano Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) ordenó a los diputados locales de Morena que se abstengan de entregar despensas del DIF Estatal, pues les hizo notar que esas acciones violentan el artículo 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución de Veracruz. *** La decisión del OPLE fue tomada a partir de una denuncia que presentó el PRD y que hizo acompañar por testimonios con los que se pudo determinar que con la entrega de despensas, los legisladores de Morena promueven su imagen y la de su partido, con el fin de sumar simpatías rumbo al proceso electoral del próximo año. *** Pero la instrucción del OPLE no se limitó a la ventajosa distribución de las despensas del DIF. También les prohibió divulgar en sus redes sociales, o por cualquier otro medio de difusión, la entrega de beneficios de programas sociales. *** Palomita para el PRD que lo denunció, y para el OPLE que actuó con estricto apego a la ley.

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La defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya había previsto la posibilidad de que –como sucedió este lunes- a su cliente le fuera ratificada la sentencia de 9 años de prisión, emitida luego de un juicio abreviado, en septiembre del 2018.

Cuenta Javier Duarte, en efecto, con otros recursos que con seguridad habrán de agotar su defensa, pero anticipando el peor de los escenarios, sus abogados preparan al mismo tiempo el expediente para recurrir a dos opciones que le permitieran volver a pisar la calle: Uno es la libertad condicionada, para la que requiere haber cubierto la mitad de su condena (estaría saliendo en octubre del 2021) y se mantendría sujeto a supervisión mediante un sistema de monitoreo.

El otro es la libertad anticipada, a la cual podrá recurrir una vez que se haya cumplido el 70 por ciento de su condena (poco más de seis años, a mediados de 2023), con la que se extinguiría la pena de prisión, sin restricciones.

Este lunes un Tribunal federal confirmó la sentencia de nueve años de prisión impuesta desde 2018 a Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. El tribunal consideró que el proceso penal en el que aceptó declararse culpable fue legal.

La magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, concluyó que las pruebas ofrecidas por la entonces PGR “fueron idóneas” para sostener que Javier Duarte participó en un entramado criminal para desviar recursos públicos.

Sin embargo, la magistrada revocó de la sentencia el decomiso de más de 40 propiedades -presuntamente propiedad de Javier Duarte, aunque a nombre de terceros- que se había ordenado como parte de la condena, pues señaló que se trata de bienes de otros procesados que aún no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso.

La resolución del Tribunal federal responde a la apelación que Javier Duarte promovió en contra de la sentencia condenatoria que le fue dictada el 26 de septiembre de 2018. El procedimiento se alargó más de un año debido a que el exgobernador tuvo que recurrir a un amparo para que le permitieran solicitar la revisión del procedimiento.

Javier Duarte fue sentenciado en una audiencia preliminar, en la que se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a un juicio (lo que se conoce como “procedimiento abreviado”). A cambio, consiguió que le dictaran una “pena mínima” y que la PGR, le cambiara el delito más grave, que era el de delincuencia organizada, por el de asociación delictuosa.

Después de que se dictara la sentencia, Javier Duarte fue enterado de que muchas de las pruebas que la PGR había ostentado para incriminarlo (documentos que mostraban movimientos bancarios) en realidad no eran válidas para el juicio, pues habían sido obtenidas sin el respaldo de una orden judicial.

Fue entonces cuando decidió pedir que se revisara su sentencia.

Una vez ratificada su condena de nueve años de prisión, lo que le resta a sus abogados es ir por el amparo directo, alegando violaciones a sus derechos, o esperar a que se cumplan los plazos para gestionar su liberación.

Todo lo anterior está marcado por las leyes que nos rigen y, por lo tanto, no se requiere “voluntad política”, sino del estricto cumplimiento de las normas jurídicas que nos rigen.

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Epílogo.

Este lunes el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que no habrá una fecha única de regreso a clases y advirtió que será responsabilidad de los estados establecer la fecha de retorno de acuerdo con la situación del Covid-19 en cada entidad. *** La recomendación es que los estudiantes no regresen a las aulas hasta que el semáforo esté en verde y la contingencia se haya levantado, pero dependerá de cada región, ya que la incidencia de contagios es muy distinta de un estado a otro. *** “La condición que hemos puesto como SEP es que las escuelas se abran cuando sea seguro”, dijo Esteban Moctezuma quien además comentó que analizan con las autoridades de salud la pertinencia de que los estudiantes utilicen cubrebocas para acudir a la escuela: “Vamos a poner un filtro familiar, donde le vamos a pedir la colaboración a los padres para que revisen a sus hijos (…) El segundo filtro será el de la escuela, que haya jabón, que los niños vayan a usar cubreboca”. *** Este lunes la Secretaría de Salud federal (Ssa) informó que el número de casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus Covid-19 aumentó a 51 mil 633 en México. Los casos confirmados activos de Covid-19 se ubican en 11 mil 300 y los sospechosos acumulados en 26 mil 933. En tanto, otros 98 mil 567 han dado negativo y 177 mil 133 personas han sido estudiadas en el país.

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