Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
No fue, en estricto rigor, la exigencia de su derecho de réplica: “Quiero que me escuches, quiero que sepas por mi cuál fue mi papel en tan polémica votación en el Congreso local”. *** Tardó un par de días, pero al final Héctor Yunes encontró un espacio para dar su versión: Desde que conoció el contenido de la iniciativa de Morena –dice- advirtió a su partido sobre los riesgos de que pudiera ser aprobada. *** Tuvo comunicación, no sólo con los miembros de la bancada PRI-Verde, sino –incluso- con representantes de otras fuerzas políticas. Siempre, su mensaje, su exhorto, fue que votaran en contra. *** Nunca discutió el tema con su hija (representante del Partido Verde) pero él sabe que ella estaba enterada de la labor que realizaba para combatir la propuesta de Morena. *** Al final, Héctor Yunes está convencido de que la doctora Andrea actuó a partir de una instrucción del Comité Nacional de su partido, girada de último momento, apenas minutos antes de que se sometiera a votación el dictamen. *** Fue precisamente porque estuvo insistiendo en convencer a los diputados locales de que votaran en contra, que se enteró con anticipación que Rodrigo García (PAN) y Alexis Sánchez (MC), votarían en el mismo sentido que Morena. *** Intuyó lo mismo del aún priista Antonio García Reyes, quien se había mostrado evasivo e incluso se había confrontado con el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, “Alito”, durante una comunicación con los tres diputados priistas a través de una video-llamada. *** Sigue convencido de que estas reformas no deben concretarse y anunció que irá con todo para descarrilarla.
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Nadie puede presumir de un “eficaz combate a la impunidad”, cuando a plena luz del día, durante varias horas, con intensa difusión en redes sociales, y con la presencia de sujetos portando armas de alto poder, un grupo de la delincuencia organizada distribuye miles de despensas, en zonas populares de la entidad con un minúsculo costo operativo (apenas cuatro personas detenidas, cuando se movilizaron no menos de 200 miembros de dicha organización).
Frente a esta bofetada aplicada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a las autoridades de Veracruz, se fortalece la versión de que dicho grupo criminal opera en esta entidad en contubernio con muy, pero muy altos mandos de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
¿Con qué cara se presentará la actual encargada del despacho de la FGE ante los diputados, para presumirles que ha reducido los índices de impunidad (lo cual, por supuesto, es falso) si frente a sus narices operan grupos armados, realizando labores asistenciales que debió haber cubierto el gobierno estatal?
Un servidor público honesto ya habría presentado su renuncia, y admitido que no fue capaz de cumplir con eficiencia el encargo que le fue encomendado. Hoy, en Veracruz, sin embargo, Verónica Hernández Giadans no sólo no se retira, sino que utiliza los recursos públicos de manera deshonesta y abusiva, para promover su ratificación en el cargo, ese cargo que –como se lo demostró el CJNG- no ha sabido atender en su justa medida.
Hoy por hoy, Verónica Hernández debe responder a la denuncia que fue presentada en la Fiscalía General de la República, lo mismo que en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a partir de la expedición de la factura número f00008165, de la empresa “Transportadora de Protección y Seguridad S. A. de C. V.”, con fecha 28 de noviembre de 2019, en favor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Dicha factura ampara una camioneta Chevrolet tipo Suburban, modelo 2018, con un precio de un millón 366 mil 724 pesos, y un blindaje de los más altos estándares, que significó un costo de 3 millones 019 mil 482 pesos.
Hasta ahí, la unidad tenía un costo de 4 millones 386 mil 206 pesos, pero a ello se le agregaron los “costos de traslado” que fueron otros 701 mil 793 pesos, lo que incrementó el gasto a un total de cinco millones 088 mil pesos.
Las facturas con terminación 8165 y 8166, ambas en favor de la FGE, amparan la compra de dos de estas unidades, lo que representó una erogación de 10 millones 176 mil pesos.
El problema no está en la adquisición de los vehículos. Ya en este mismo espacio se ha apuntado que la alta responsabilidad y el riesgo que implican esas posiciones, hacen imprescindible que sus titulares se alleguen de los elementos necesarios para garantizar su seguridad y la de su familia.
La Fiscalía no tenía vehículos, porque su titular anterior, el prófugo Jorge Winckler Ortiz, optó por alquilarlos, una medida que incluso el actual gobierno ha aplicado para la adquisición de patrullas de policía.
El problema es el escandaloso sobreprecio al que se adquirieron dichas unidades.
Una cotización solicitada a la misma empresa que proveyó de las dos camionetas (“Transportadora de Protección y Seguridad S. A. de C. V.”) a partir de unidades modelo 2020 -no 2018 como las que le entregaron a la Fiscalía- muestra que el costo más alto asciende (por la unidad y el blindaje) a 3 millones 250 mil pesos.
La adquisición de esas unidades, a ese altísimo precio, y obviando la licitación a la que obliga la Ley, debió ser autorizada por el órgano de gobierno de la Fiscalía, que es presidido por la encargada del despacho, Verónica Hernández Giadans.
Las camionetas, por cierto, son ocupadas por la propia encargada del despacho (una) y la otra por su secretario técnico, Manuel Fernández Olivares, más conocido como “El Pámpano” que es quien en realidad lleva el peso de la operación de la Fiscalía, ante la falta de conocimiento y experiencia de la titular interina.
Si llegaron a hacer este tipo de negocios a menos de tres meses de su llegada, si en ocho meses se dejaron avasallar por una organización criminal, al grado de permitirles operar impunemente en la entidad… ¿Se imaginan lo que harán si se les ratifica por nueve años?
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Epílogo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene sus ojos puestos en Veracruz, pero no sólo por la denuncia presentada en contra de la actual encargada del despacho de la Fiscalía, Verónica Hernández. Ha trascendido que abrió una investigación para analizar los movimientos en las cuentas bancarias de Fidel Kuri Grajales, aquel que llevara a la desaparición a los Tiburones Rojos de Veracruz. *** La búsqueda va a fondo y escarbarán no sólo en sus cuentas, sino en las de sus más cercanos colaboradores, algunos de los cuales podrían estar fungiendo como testaferros. Cosas muy interesantes podrían darse en los próximos días. *** En las últimas 24 horas (hasta la tarde del domingo) se confirmaron dos mil 075 nuevos casos de Covid-19, con lo que el registro acumulado llegó a 49 mil 219, de los que 11 mil 105 corresponden a personas con una infección activa. En el mismo periodo se registraron 132 nuevos decesos para un total de 5 mil 177 fallecimientos. *** El reporte presentado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indica que en el día 56 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, hay 27 mil 507 casos sospechosos. Se ha estudiado a 172 mil 294 personas, de las cuales 95 mil 568 tuvieron un resultado negativo para el virus Covid-19. *** Incluso la Iglesia Católica se pronunció en contra de la reforma electoral, propuesta por Morena y votada la semana pasada. En su comunicado dominical, la arquidiócesis de Xalapa calificó como “muy sospechoso, extraño y lamentable” que en medio de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, que mantiene a la población confinada y preocupada por su salud, su economía y su sobrevivencia, la junta de coordinación política haya agendado y llevado a la votación una reforma electoral. *** “Da la impresión de que nos les interesa el sufrimiento de la gente ni sus preocupaciones, sólo las ambiciones de su partido. Se está cumpliendo aquella frase de que la pandemia les cayó como anillo al dedo”.
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