Que se decida por debate titular de FGE

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / DECÍA EL filósofo de Güemes cuando repentinamente ocurrían fallecimientos en su pueblo: -se está muriendo mucha gente que antes no se había muerto-, y acaso la disparatada reflexión quepa en lo que está sucediendo en la Fiscalía General del Estado que ahora, sorpresivamente: “está deteniendo a mucha gente que antes no detenía”, muy a pesar de que existían órdenes de aprehensión desde hace más de un año, como el caso de la directora de salud del municipio de Cosamaloapan pero, sobre todo, ex candidata a la alcaldía de Acula ¡por el PAN!, Navis Cruz Guzmán Muñoz, quien fue detenida este jueves al interior del Palacio Municipal cuenqueño, en un acto excesivo que pareciera más de promoción para la aspirante a ser ratificada como Fiscal General –pues la orden de arresto ya tiene tiempo y dormía el sueño de los justos ya que el presunto fraude fue cometido en 2017- que de justicia. No hay que olvidar que el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quiere el control de la cuenca del Papaloapan, pero la mayoría de alcaldes y grupos políticos lo rechazan, y acaso por ello los terribles mensajes. Giadáns quiere ser ratificada al precio que fuere, y aunque ya tiene la bendición de Patrocinio y del titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, y de pilón, de cinco diputados -que ya se sabe su precio- para que MoReNa logre mayoría calificada, busca sumar puntos haciendo como que trabaja. Costará caro al erario, pero bien vale la pena si el gobernador Cuitláhuac García y el Secretario de Gobierno tienen un instrumento de persecución y represión, sobre todo ahora que los mismos legisladores prostituidos borraron por sus pistolas la consulta para la revocación de mandato del gobernante que ahora dice, abonando a su propia ignorancia, que no sabía que eso habían hecho los legisladores. Vaya cachaza.

QUIZA LO indicado y más recomendable ante la postura de juristas que no quieren a doña Vero al frente de la Fiscalía, sería que los legisladores convocaran a debate a los aspirantes hasta ir eliminando a los menos aptos para dejar una terna de tres o cuatro que, igualmente se someterían a otra confrontación de ideas, pero ante Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, y no solo ante legisladores que venden caro su amor, como la aventura del siempre bien recordado Flaco de Oro, Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, para los cuates Agustín Lara, y que sean los que conocen de derecho –y no solo de vender su alma a leviatán- los que decidan quién es el (o la) mejor preparado (a) para aspirar a una posición que requiere entrega, transparencia y honorabilidad pero, sobre todo, experiencia y conocimiento del derecho, porque los lerdos diputados difícilmente podrán decidir por el mejor, y menos si son montunos con suerte, como ocurre con la mayoría de quienes integran ahora a la fracción de MoReNa y sus aliados, incluidos los cinco a quienes mueve más el dinero que responderle a los veracruzanos con responsabilidad y congruencias, ahora que los tiempos reclaman más academia y menos ocurrencias.

Y ES que aparejado al tesón de algunos aspirantes han comenzado a aparecer documentos con los que pretenden involucrarlos en actos deshonestos, los que sin duda, emergen del propio Estado que tiene a su alcance todos los expedientes para destruir a quien le pongan enfrente, pero lo curioso es que de los intestinos del propio gobierno están emergiendo presuntas verdades amparadas en documentos que ponen en entredicho la gestión de doña Verónica Hernández Giadáns. Un documento titulado, “La Fiscalía General del Estado de Veracruz: un negocio fuera de la ley”, que se nos ha hecho llegar, refiere que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, fracción VII, del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el Órgano de Gobierno tiene como obligación el evaluar y vigilar la correcta aplicación del presupuesto asignado en la celebración de convenios y contratos que afecten el presupuesto y patrimonio de ésta, llevados a cabo por la dirección General de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Financieros y la Subdirección de Recursos Materiales y Obra Pública, independientemente de su aprobación por parte de los Sub comités correspondientes. Así mismo, la Dirección General de Administración, previo a la celebración de los convenios o contratos, debe justificar ante el Órgano de Gobierno, la necesidad de las adquisiciones de bienes muebles o inmuebles, algo que no han hecho.

EN TAL medida, ilustra el texto –que publicaremos en nota aparte en este medio-, refiere que de una búsqueda exhaustiva en el portal de transparencia del Órgano Autónomo, específicamente en el apartado Artículo 15, Fracción XXXIV, se encontró que a partir de la llegada de Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado se adquirieron bienes muebles por un monto de $80,012,928.89 (ochenta millones doce mil novecientos veintiocho pesos 89/100 moneda nacional), de los cuales $59,329,968.80 (cincuenta y nueve millones trescientos veintinueve mil novecientos sesenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), fueron realizados bajo esquema de adjudicación directa, sin embargo, también resalta que dichas compras reflejan un sobre precio en relación a los precios del mercado, por el orden de los $11,663,134.60 (once millones seiscientos sesenta y tres mil ciento treinta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional) ello sin considerar las diferencias que presumiblemente existen en relación a algunos conceptos, tal como se demuestra en la siguiente tabla que se insertará en nota aparte como dijimos.

REFIERE EL documento que en el concepto relativo a un software con un precio de $27,840,000.00 (veintisiete millones ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) no existe un parámetro objetivo de sobrecosto, toda vez que de investigaciones en el mercado, se obtuvo que en atención al precio, corresponde a un software que se acompaña con equipos periféricos, y que pudiera ser empleado en instituciones con un alto tráfico de información, como lo es la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz o la Secretaría de Educación de Veracruz, lo que significa que dicha adquisición representaría un gasto excesivo. Es por ello que la información anterior ha sido puesta a disposición de la Oficina del Fiscal General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de que sean investigados los integrantes del órgano de gobierno que integran la Fiscalía Estatal, ya que los hechos podrían encuadrar en el delito de delincuencia organizada. En fin, esta sucesión-ratificación aun dará mucho qué decir. OPINA [email protected]