Sergio González Levet / Para nadie es un secreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ve con buenos ojos la autonomía de las universidades públicas del país. Desde su visión, estas instituciones de educación superior están manchadas por el flagelo de la corrupción y -como ha hecho con tantas otras instituciones, organismos y dependencias- se plantea al parecer su desaparición, o cuando menos minimizarlas para que entren a la palestra sus universidades populares Benito Juárez.
De ahí tantos jaloneos con el objeto de reducir el presupuesto a las universidades.
De ahí la lucha extraordinaria de la Confederación de Trabajadores Universitarios -Contu- para mantener la viabilidad económica y la autonomía universitarias, y no permitir que por una ocurrencia o una venganza se vayan al diablo instituciones centenarias que han dado lustre y formación a muchas generaciones de mexicanos; lugares en donde se refugia y refulge e intelecto del país, la materia gris que nos garantiza el desarrollo.
Vean qué desatino: sustituir a instituciones sagradas de la historia educativa de la nación, como la Universidad Nacional Autónoma de México o nuestra Universidad Veracruzana, y poner en cambio escuelitas nacientes, con maestros improvisados y sin esquemas de investigación o de extensión de sus servicios a la comunidad.
Es la mejor manera de acabar con la calidad educativa, con la promoción de mentes bien preparadas que señalen el camino hacia la inclusión de México dentro de la vanguardia mundial.
Hay, pues, un ambiente rancio que hiede en muchas medidas que se quieren tomar desde el Gobierno federal para desacelerar el crecimiento de las universidades públicas, y que se intentan también desde los gobiernos estatales afines, con el fin de quedar bien con el patriarca, con el gurú, con el Presidente.
La más reciente es la propuesta desde la Legislatura veracruzana para imponer un contralor externo a la UV, con el fin de controlar el manejo presupuestal de la casa de estudios, y quitarle así el poder de decisión a la Rectoría -esté quien esté al frente de ella- para manejar los recursos que le son destinados cada año con el fin de garantizar una educación de calidad y un crecimiento sostenido.
Una vez más, la rectora Sara Ladrón de Guevara está teniendo que dar la lucha para mantener el control de la UV desde adentro, a fin de que sus autoridades, nombradas de acuerdo con la ley y la voluntad de la comunidad universitaria, se puedan seguir desempeñando como tales.
Quitarle el control de los dineros a la UV implica dejarle huérfana la autonomía, e imponer un control que estaría por encima de la propia autoridad universitaria, con lo que se corre el peligro de que intereses ajenos marquen el rumbo de la máxima casa de estudios de Veracruz.
Por eso y sólo por eso se está dando esta batalla…
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