En otros países el acto que policías estatales perpetraron en contra de la población de Atzalan hubiera significado la renuncia del titular de Seguridad Pública. En otros países democráticos, donde los ciudadanos son primero, la muerte de Bellermino Cardeña y de su nieta María Magdalena sería un escándalo de grandes magnitudes que pediría la intervención del presidente de la República. Pero en el gobierno de la Cuarta Transformación la muerte del abuelo y la nieta sólo son daños colaterales.
Eso es lo que certifica la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, quien, en lugar de hacer justicia para las víctimas, prefiere guardar silencio para no molestar a los agresores. El periodista Carlos Jesús Rodríguez lo anota de esta manera en su columna: «LO CURIOSO es que la FGE, también, mantiene silencio sepulcral en torno a los hechos.
»La Fiscal tal vez porque no se lo han ordenado sus jefes o patrocinadores (de Patrocinio), está encerrada a piedra y lodo en sus oficinas, en tanto Veracruz se enluta y crímenes alevosos siguen encajonados, como el perpetrado contra el ex diputado local y ex líder campesino y ganadero, Juan Carlos Molina, o el asesinato del tres veces alcalde de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina entre muchos, muchísimos más que se cometen con toda impunidad».
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