Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Los conflictos al interior del Partido Acción Nacional (PAN) no cesan. *** El grupo de diputados locales afines a Miguel Ángel Yunes Linares insiste en poner piedras en el camino de su nuevo dirigente, Joaquín Guzmán Avilés, a pesar de su llamado al diálogo y a priorizar los intereses del partido por encima de sus compromisos de grupo. *** La mano de quienes fueron derrotados en el proceso interno panista se hizo sentir una vez más, con la revuelta de empleados del Comité Directivo Estatal (todos comprometidos con Pepe Mancha, que fue quien los contrató) que se manifestaron para exigir el pago de su salario por parte de la nueva dirigencia. *** Los manifestantes admitieron que la gran mayoría de ellos están laborando desde el 2015 y otros a partir de 2017, justo la etapa en la que la dirigencia estuvo encabezada por el exitoso empresario José de Jesús Mancha. *** Por otra parte, el grupo de “pan-yunistas” fracasó en su primer intento de crear su propio grupo legislativo, pues la Ley establece que sólo se admite una bancada por partido. *** Ellos pretendían que se les considerara un “grupo mixto”, mediante la triquiñuela de hacer que una de sus legisladoras se declarara primero “independiente” y después se integrara a su bancada, lo que fue rechazado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo). *** Lo van a volver a intentar, y para ello ya habrían convencido al “incorruptible” Iván Aguilar. Todo sea por pegarse a la ubre.
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La nueva titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), Delia González Cobos, solicitó formalmente a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal una ampliación presupuestal de 25 millones de pesos, que le permita hacer frente a la nueva revisión de la Cuenta Pública 2018.
La auditora informó que con esta ampliación presupuestal podrá cubrir los gastos por indemnizaciones de exservidores públicos que fueron removidos a partir de su llegada, pero además para atender los gastos inherentes a la nueva valoración a la Cuenta Pública 2018 que no fue aprobada por el Congreso local.
La petición del Orfis se da justo cuando otros organismos que tienen la categoría de “autónomos” se enfrentan a la posibilidad de que en el Presupuesto de Eegresos 2020 les sean reducidos los fondos para su operación, lo que a todas luces resultaría una violación a los ordenamientos de la Constitución local.
En el proyecto de presupuesto para el año 2020, la Secretaría de Finanzas plantea un severo recorte a las áreas de procuración e impartición de justicia.
La Fiscalía General del Estado (FGE), que en el 2019 tuvo un presupuesto de un mil 554 millones de pesos, vería reducidos sus ingresos a mil 066 millones de pesos, lo que representaría una reducción superior al 30 por ciento.
Sin embargo, el artículo 67 de la Constitución local, al hacer referencia a la Fiscalía General del Estado, establece que ese ente “contará con una autonomía presupuestaria que podrá ser mayor pero no menor al uno punto cinco por ciento del total del presupuesto general del Estado previsto para el ejercicio anual respectivo y que deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley”.
Si el gobierno estatal plantea un presupuesto general de 13º mil millones de pesos, a la FGE le correspondería un presupuesto de, por lo menos, mil 950 millones de pesos.
El caso del Poder Judicial es similar. Este año ejerció un presupuesto de mil 913 millones de pesos, pero para el 2020 prevén asignarle mil 874 millones, lo que implica una reducción del dos por ciento.
El artículo 60 de la Constitución de Veracruz advierte que el presupuesto asignado al Poder Judicial “podrá ser mayor pero no menor al dos por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, y deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley”.
En el supuesto de que el presupuesto general para el próximo año sea de 130 mil millones de pesos, al Poder Judicial debería recibir por lo menos 2 mil 600 millones de pesos.
Respecto a la Universidad Veracruzana, el proyecto de presupuesto 2020 sí considera un aumento, aunque difícilmente alcanzará el 4% que está establecido en el artículo 10 de la Constitución. Este año ejerció poco más de 3 mil millones de pesos y la expectativa es que para el próximo año le fuera asignada –según lo dispone la Ley- 5 mil 200 millones de pesos.
¿Con qué cara nuestras autoridades hablarán de “estado de derecho” y “manejo escrupuloso de las finanzas públicas”, si desde el principio no se apegan a lo que marca nuestro marco jurídico en materia de presupuesto?
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Epílogo.
Este miércoles Antonio García Reyes rindió protesta como diputado local del PRI, en sustitución del fallecido Juan Carlos Molina Palacios. García Reyes se integró de inmediato a la bancada mixta que integran legisladores del PRI y del Partido Verde, contrario a lo que había hecho Molina Palacios, quien desde el principio solicitó ser considerado diputado independiente. *** De esta manera la bancada PRI-PVEM será coordinadea por Érika Ayala y arropa a los priistas Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, además de la representante del PVEM, Andrea Yunes. *** Finalmente llegó alguien con el perfil profesional idóneo al Consejo Estatal Ciudadano, Órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas. Se trata de Carlos Alberto Jiménez Baltazar, licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con Maestría y Doctorado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido Perito Profesional, adscrito al Departamento de Antropología Forense de la Fiscalía General de la República y actualmente se desempeña como Investigador de Tiempo Completo, adscrito al Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana. Bien.
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