Armando Ortiz / Si Emilio Cárdenas dice que hay una denuncia contra Carlos Quiroz en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es porque la hay. La denuncia, señala Cárdenas Escobosa, es por acoso sexual, la denunciante es una empleada que señala como agresor a Carlos Quiroz, secretario técnico del Sistema Anticorrupción de Veracruz. Carlos Quiroz se defiende y dice que todo es una venganza de Emilio Cárdenas, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, debido al despido de 9 empleados, entre ellos una sobrina. Pero la cronología de los hechos dice que primero fue el acoso a la empleada, luego la denuncia de la empleada en Derechos Humanos y como represalia, porque Cardenas Escobosa no quiso arreglar el asunto “en lo oscurito”, entonces despidió a 9 empleados. De última hora nos enteramos que otra empleada del Sistema Estatal Anticorrupción ya asistió a la Fiscalía General del estado para denunciar a Carlos Quiroz, también por acoso sexual. Vale señalar que una de las consejeras del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción es Alma Delia Hernández quien a su vez es la comisionada en el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra Mujeres; ella tendrá que evaluar la conducta lasciva de Carlos Quiroz quien no puede controlar sus impulsos. Vale señalar que una vez que se diera a conocer este caso de abusos, las denuncias podrían seguir, por lo que Carlos Quiroz se encuentra en la hoguera que el mismo encendió debido a su concupiscencia.
Desfalco en el patronato de la UPAV, hace meses que se los advertimos; Andrés Dominguez, presidente del patronato, se dio la gran vida
La Secretaría de Educación de Veracruz que preside el exstripper Zenyazen Escobar retoma las denuncias que en Libertad bajo Palabra hemos hecho; denuncias basadas en una precisa investigación. Tal es el caso de loa aviadores de Cobaev que destapamos desde hace años y que apenas se le dio seguimiento, aunque al final terminaran pactando con Érika Ayala. Ahora Zenyazen retoma la investigación en julio de este año. El día 9 de julio se publicó el siguiente artículo: “La gran vida de Andrés Domínguez Castillo, todo con dinero de la UPAV; sólo le bastaron dos años como presidente del patronato”. Entonces anotamos que “Domínguez Castillo desvió mucho de ese dinero para su provecho, comprando vehículos a nombre de Alianza para el Fomento del Aprendizaje o para usos personales como su BMW, su nuevo coche Mazda 3, la camioneta Explorer, la remodelación y ampliación hacia atrás de su casa en flor de Gardenia 9 en el fraccionamiento Dos vistas de Las Ánimas, o el departamento de lujo que tiene en la torre Península en Alvarado, departamento que al parecer está a nombre de su esposa”. Ahora se habla de transferencias millonarias a cuentas particulares por un total de total de 9 millones 648 mil 521 pesos. Esperemos que esta vez sí lleguen al fondo del desfalco y que esta vez sí se sancione a los responsables. Aunque lo más seguro es que terminen negociando con Andrés Castillo para que les dé una rebana de ese pastel, tal como lo hicieron con Érika Ayala en Cobaev.
Olga Sánchez Cordero recula; dice que la malinterpretaron. Pero bien que festejó con Bonilla: “Eso es todo lo que necesitamos, aunque no nos den los 5 años”
¿Quién malinterpretó a Olga Sánchez Cordero? ¿Los ciudadanos que pensaban era la más congruente del gabinete de López Obrador? ¿El gobernador Jaime Bonilla quien dijo: “Eso es todo lo que necesitamos, aunque no nos den los 5 años”? Si fue el gobernador de Baja California el que la malinterpretó, tuvo tiempo la secretaria de Gobernación para sacarlo de su error. Pero no lo hizo, antes bien festejó con él la legalidad de la norma vigente que le permitía ser ungido como gobernador por cinco años. Ahora que la señora Sánchez Cordero se ha dado cuenta de lo que sus dichos provocaron, prefiere recular. En un mensaje dirigido a los ciudadanos escribe: “Lamento, profundamente, las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi conocimiento ni autorización”. En este mismo mensaje recula: “Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad”. Ya ve señora lo que dice el dicho, “cae más pronto un hablador que un cojo”.
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