La fuga de los yunistas

Filiberto Vargas Rodríguez / 

Prefacio.

Todo fue cuestión de que José Alfredo Corona tomara posesión del despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz, para que salieran a relucir las numerosas irregularidades en las que habría incurrido su antecesor, Marcos Even Torres. *** Este lunes el encargado del despacho dio a conocer que en 8 de cada 10 denuncias presentadas ante esa Fiscalía durante 2018 se determinó el “no ejercicio de la acción penal”, sin una argumentación sólida, por lo que los expedientes tendrán que ser revisados nuevamente. *** Tras la creación de la Fiscalía Anticorrupción, todos los expedientes que estaban en la fiscalía especializada en delitos contra servidores públicos fueron remitidos a esa instancia para su seguimiento, por lo que en 2018 se integraron 800 carpetas de investigación. *** En los nueve meses y medio del presente año se han presentado cerca de un centenar de denuncias y la tendencia sigue siendo la de no ejercitar acción penal contra los denunciados. *** Durante el bienio yunista Veracruz se convirtió en el territorio del “no pasa nada”.

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Lo habíamos anticipado aquí hace dos semanas, y este lunes uno de los más reconocidos analistas del periódico Notiver (Ricardo Chúa, Sale y Vale) lo confirmó: Los yunistas involucrados en la extorsión a exfuncionarios de la administración de Javier Duarte, se están dando a la fuga.

El pasado 16 de octubre, en la columna que titulé “La mecánica de la extorsión”, al explicar los pasos que dieron los emisarios de Miguel Ángel Yunes Linares, narré:

“Las transacciones se realizaron tanto en la notaría de Domínguez Armengual, como en la de Lince de la Peña. Contrario a lo que muchos pudieran suponer, lo entregado por los exservidores públicos no pasaban de forma automática a ser propiedad del gobierno. De hecho fue muy poco lo que se transfirió a las arcas estatales. Los documentos que las víctimas de la extorsión firmaban para ceder sus bienes, incorporaban como destinatario al abogado Daniel Ortiz Peña, el primo de Jorge Winckler”.

Una semana después, en la columna titulada “El botín de guerra de Yunes” ofrecí más detalles del papel jugado por los emisarios del gobernador del bienio:

“La extorsión la realizaban los notarios públicos Leopoldo Domínguez Armengual y Jorge Armando Lince de la Peña, quienes se acercaban a los exfuncionarios estatales con el cuento de que tenían ‘un grueso expediente’ en su contra, que los llevaría irremediablemente a la cárcel, pero que a cambio de una ‘donación voluntaria’ (lo que en el argot político se conoce como ‘vómito negro’) podrían dar ‘carpetazo’ al asunto. Una vez que ‘convencían’ a su víctima, la llevaban a la notaría pública número 10, de Veracruz (la de Domínguez Armengual) para protocolizar la ‘donación’. Pero en los documentos no se establecía que el propietario de esos bienes le donaba al gobierno estatal, sino que lo hacía a un ‘gestor oficioso’, que en todos los casos fue Daniel Ortiz Peña, primo hermano de Jorge Winckler Ortiz y quien, además, se desempeñaba como titular del Registro Público de la Propiedad en Boca del Río, cargo que –por supuesto- no aparece en ninguno de los documentos”.

Este lunes Ricardo Chúa publica en Notiver:

“EXCLUSIVA… El primo de Jorge Winckler, fiscal con suspensión temporal de Veracruz, también fue uno de los funcionarios del ayuntamiento de Boca del Río, que trabajaba en el área jurídica de este municipio, y la semana pasada también presentó su renuncia de manera irrevocable para salir de la conurbación con destino desconocido… Este personaje cuyo apellido es Ortíz, hasta el pasado mes de noviembre era el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en Veracruz puerto… Al entrar MORENA a gobernar, dejó el cargo…

Nos dicen las fuentes que al dejar el cargo estatal… Por ahí del mes de enero de este año se fue a trabajar con Morelli en Boca del Río…. Pero ante la problemática que está viviendo la familia en materia legal… Y, como él fue señalado como uno de los hombres de confianza del primo, pues, finalmente el ‘miedo no anda en burro’ y mejor se fue por aquello de las ‘recochinas dudas’… No sea que la vayan a ‘agarrar’ contra de él… Los nuevos funcionarios de la FGE… Así que dijo ‘ahí se ven’…”.

Y en efecto. En esa misma columna del 16 de octubre inicié anunciando:

“Desde hace al menos un par de meses, las cuentas bancarias de Leopoldo Domínguez Armengual, notario público número 10, en Veracruz y de Jorge Armando Lince de la Peña, notario público número 26, en Banderilla, fueron congeladas por instrucción de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. La misma medida fue tomada contra el abogado Daniel Ortiz Peña, primo hermano del hoy prófugo exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz”.

Sí van contra ellos.

Cuentan quienes de esto saben, que fue el propio Miguel Ángel Yunes Linares quien les “sugirió” a sus excolaboradores que “se guardaran” por un tiempo, pues teme que una vez en la cárcel, con tal de evadir el castigo, terminen declarando en contra de quien fue su jefe.

El filo de la guillotina está por cortar muchas cabezas.

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Epílogo.

El secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García, no quita el dedo del renglón. Este lunes acudió a la Fiscalía Anticorrupción con los expedientes que respaldan su denuncia de que al menos 30 contratos de obra pública del Instituto de Espacios Educativos, fueron adjudicados de manera directa a constructoras que al final abandonaron los trabajos. *** Llamó la atención que entre las empresas favorecidas por este mecanismo de asignación directa aparece una del político-empresario (exdirigente estatal del PAN) José de Jesús Mancha Alarcón. *** La denuncia del titular de la SEV advierte que en esos casos se violaron la Ley de Obras Públicas del Estado y la Ley de Adquisiciones, pues sólo se puede asignar de forma directa una obra si el monto no rebasa una partida por un millón 347 mil pesos. “Los 30 contratos rebasan el monto antes mencionado y deberían de haber realizado el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas establecido en el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, lo que ocasionó un probable daño patrimonial por 81 millones de pesos”. *** En este caso no sólo caerán los que fungían como servidores públicos, sino los empresarios que se prestaron a tales irregularidades.