Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Desde las primeras audiencias, los abogados defensores del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, calificaron las denuncias que enfrentaba en el fuero común como “ridículas”. Poco a poco cada una de ellas ha sido desestimada por la justicia federal. *** A finales de la semana pasada Javier Duarte consiguió un amparo contra la vinculación a proceso y prisión preventiva dictados en su contra por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal, en relación con el presunto uso de un helicóptero oficial para darse a la fuga, luego de solicitar licencia al cargo de gobernador. *** Magistrados ordenaron al juez de control del Sistema Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado el 20 de mayo de 2019 por el delito de tráfico de influencia y emitir otro. *** Advirtieron que el juzgador vinculó a proceso a Duarte de Ochoa “sin desentrañar su verdadera participación en la probable comisión de este delito, ya que sólo partió de que usó el helicóptero de forma personal, pero no se pronunció respecto a si conservaba su calidad de servidor público pese a que tenía licencia”. *** Además, los magistrados estimaron que el juez no respetó las reglas establecidas en la legislación para fijar la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que contravino el principio de legalidad. *** Lo dicho, se trató de “bomberazos” que preparó Jorge Winckler para atender la instrucción de su jefe, Miguel Ángel Yunes Linares, de incorporar a la solicitud de extradición de Javier Duarte, procesos abiertos en Veracruz. *** Estuvieron tan mal hechas las denuncias, que se han ido cayendo una a una.
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Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Samuel Montiel Perdomo, Guillermo Torres Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Javier Araus Molina, Luis Alberto Valenzuela González y Aureliano Sánchez Tonil, quienes se desempeñaban como policías municipales en Úrsulo Galván, desaparecieron el 11 de enero del 2011 y hasta la fecha sus familiares siguen sin saber de su paradero.
Los ocho policías salieron a realizar rondines de rutina, sin embargo en la comunidad de “El Arenal”, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal del Grupo Tajín, y ya no se supo más de ellos, en tanto que la patrulla en la que viajaban fue encontrada quemada al día siguiente.
La semana pasada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que se cometieron “violaciones graves” a los derechos humanos y se acreditó la detención arbitraria de los ocho policías municipales, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, específicamente del “Grupo Tajín”.
También se acreditó la desaparición forzada de los ocho policías, lo que también sería imputable a los elementos del “Grupo Tajín” y se determinó que la Fiscalía General del Estado actuó de manera “irregular y negligente” en la integración de la Investigación Ministerial.
La Secretaría de Seguridad Pública –según el documento emitido por la CNDH- “propició la impunidad” en este caso, pues tuvo conocimiento pleno de que a 15 personas, todas ellas a su servicio, se les vinculaba con la desaparición forzada de los policías municipales, y sin embargo dejó de realizar las acciones necesarias con la instancia de procuración de justicia que permitieran el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.
El organismo nacional definió también que son “víctimas indirectas” las esposas, madres, hijas e hijos de los policías, quienes desde el día de la desaparición de sus familiares, asumieron involuntariamente los costos de su búsqueda y el acceso a la justicia, aunado al dolor que sufren por su desaparición.
La CNDH instruyó que se llegue hasta el fondo de este caso.
Se deben realizar las tareas necesarias para dar con los desaparecidos y apoyar a sus familiares con la reparación del daño “a través de medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.
El actual secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, “deberá ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares de las víctimas”.
La Fiscalía General del Estado, hoy a cargo de Verónica Hernández Giadans, no sólo debe resolver en el menor tiempo posible la Investigación Ministerial iniciada por la desaparición de los policías municipales, sino que deberá abrir una nueva carpeta para establecer la probables responsabilidades en las que habrían incurrido servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la propia Fiscalía, por violentar los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares.
Una investigación seria sobre este tema podría representar responsabilidades penales para quienes fungieron como titulares de la Secretaría de Seguridad Pública desde que sucedieron estos hechos (Arturo Bermúdez Zurita, José Nabor Nava Holguín, Jaime Téllez Marié y Hugo Gutiérrez Maldonado) por las omisiones y el ocultamiento de la verdad en las que habrían incurrido.
También les resultaría responsabilidad a los que fueron titulares de la Fiscalía General del Estado (Luis Ángel Bravo Contreras y Jorge Winckler Ortiz), lo mismo que a los titulares de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (Luis Eduardo Coronel) y de la Fiscalía Anticorrupción (Marcos Even Torres), por la actitud negligente con la que atendieron este lamentable suceso.
Han pasado más de ocho años y las familias de estos ocho policías los siguen buscando y en espera de que las autoridades les hagan justicia.
Ya es tiempo.
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Epílogo.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su corte al 30 de septiembre del presente año, informó que en Veracruz se han cometido 71 secuestros en contra de mujeres, lo que representa el 25 % del total de la incidencia en este delito que suman 273 casos. *** De enero a septiembre del 2019, se reportaron 140 feminicidios, con 146 víctimas. La Fiscalía General del Estado informó que se abrieron 126 carpetas de investigación por homicidio culposo y 29 por homicidios doloso. Con 3.21%, Veracruz sigue teniendo la tasa más alta de incidencia en el delito por cada 100 mil habitantes de feminicidio y secuestro. *** Los municipios de Xalapa (11), Coatzacoalcos (9), y Córdoba ( 7), se mantienen en la lista de los 20 municipios con más alta incidencia en feminicidios del país, y sin embargo la diputada federal, Flora Tania Cruz Santos, se niega a admitir que Coatzacoalcos sea uno de los municipios más violentos del país. Asegura que todo se trata de “un problema de percepción” y, por supuesto, culpó a “algunos medios de comunicación” a los que calificó de “irresponsables” al difundir lo que hoy vive aquel municipio. *** No hay peor ciego que el que no quiere ver.
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