Existen dos maneras de entender la decisión del Gobierno Federal de soltar al heredero del Chapo Guzmán. Por un lado, varias voces se levantan en su defensa señalando que, de no haber soltado al supuesto narcotraficante, las familias de los militares hubieran sufrido las consecuencias. No obstante, la derecha recalcitrante, arropada por el hipócrita respeto a la ley, se rasga las vestiduras por el quebranto de la misma. Llegan al extremo de exigir la renuncia del primer mandatario. Ahí están los panistas haciéndose pasar como los defensores de la ley y del Estado de derecho.
Es cierto que el Ejército mexicano subestimó la respuesta violenta de los aliados de Ovidio Guzmán López y que no respetó su propio protocolo, pero de eso a decir que se claudicó ante ellos es una mera exageración. Lo cierto es que Culiacán se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo federal.
Tal vez se perdió una batalla, pero es seguro que la inteligencia especializada en seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tendrá que demostrar a sus gobernados que no son un ejército de papel ante el poderío de los narcotraficantes. Es una afrenta que el ejército, tendrá que limpiar antes que manche el santo manto del amo y señor de la 4T.
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