El debate por los magistrados

Magistrados
Cuitláhuac García Jiménez y Edel Álvarez Peña FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez / 

Prefacio.

De la andanada de lodo que le lanzó Miguel Ángel Yunes Linares, durante su minúscula administración estatal, a Javier Duarte, sin lugar a dudas, la más aberrante y a la vez la más disparatada de todas, fue aquella en la que lo acusaba de haber sustituido el tratamiento para niños enfermos de cáncer, por un placebo que era “agua oxigenada”. *** El secretario de Salud del gobierno federal, con Enrique Peña Nieto, José Narro Robles, desmintió de inmediato tal versión, pero desde entonces y hasta la fecha muchos “analistas” políticos lo siguen dando por cierto. *** Este martes, desde su sitio de reclusión, a través de su cuenta de Twitter, Javier Duarte escribió: “Comparto la siguiente información que SÍ es verdad y está documentada, no como las estupideces que inventó el psicópata de #Yunes en mi contra”. *** Se refería a la nota publicada en el portal Al Calor Político, en la que se plasma el testimonio de Karla Araceli Ochoa Sandoval, madre de una niña enferma de leucemia, quien aseguró que la “campana” para la preparación de quimioterapias con que la administración de Yunes Linares equipó al Hospital Infantil de Veracruz no fue la adecuada y esto provocó el deterioro de la salud de los pacientes con cáncer. *** Dicho artefacto fue retirado por la actual administración, lo que generó una movilización de familiares de los pacientes de dicho hospital, a quienes se les explicó que ya se había adquirido la “campana” adecuada, que estaría por llegar, pero mientras eso sucede, el hospital se estaría respaldando en el equipo de la clínica del ISSSTE. *** Lo absurdo de todo esto fue que, sabedor que el conflicto se generó por una irregularidad cometida durante el gobierno de su padre, el alcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, se ofreció a “donar” la pieza que debe ser sustituida. *** ¿Así, o más descaro?

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Que dice un juez (Javier Castellanos Chargoy, quien admitió: “no le pedí una magistratura, le dije que analizara mi currículo y si reunía el perfil, que me designara”) que el gobernador Cuitláhuac García le confesó estar “atado de manos” por las presiones de las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso local.

No hay una sola declaración que deje testimonio de esa “muestra de debilidad” por parte del mandatario estatal.

Quien sí salió a advertir que la lista con las propuestas para ocupar las 13 vacantes de magistrados del Poder Judicial, será entregada esta semana, fue el secretario de Gobierno, Éric Cisneros, quien además aseguró que la tardanza no obedece a algún intento por colocar amigos o recomendados.

Todo el mundo tiene el derecho a pronunciarse, pero otra cosa es lo que la ley dice, y la ley dice que el gobernador tiene la facultad de enviar las propuestas y eso se hará esta misma semana”.

El propio dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, aclaró que –al menos por lo que corresponde a la bancada tricolor- no se está frenando por la exigencia de “cuotas” la designación de los 13 magistrados.

El PRI no ha tenido ninguna vinculación, ni para bien ni para mal, para el actual Gobierno; es facultad del Gobernador mandar la propuesta de quienes habrán de completar el Tribunal, no es facultad de los diputados locales proponer, sino votar”.

Mientras tanto, las agrupaciones de abogados (barras, colegios, federaciones y cualquier otro tipo de organización gremial) se apuntan en el debate, quién quita y en el río revuelto logran pescar algún premio.

Roberto Rodríguez Cruz, quien se asume como presidente del Foro Liberal de Abogados, llamó a los representantes de Morena a impulsar una reforma a la Constitución de Veracruz para imponer como requisito para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que los aspirantes presenten un examen de oposición. “Con ello se cerraría el paso a políticos y advenedizos a fin de que sean premiados con una magistratura y se erradicaría el estigma de que el Poder Judicial es la agencia de colocaciones del gobierno en turno”, argumentó.

Esa es una propuesta digna de ser analizada, pero para e futuro. Ya no resuelve nada respecto a la actual controversia con las 13 vacantes de magistrados.

Ya la Constitución local establece el mecanismo para su designación, y sólo queda recordarle al gobernador que hay mandamientos jurídicos que debe tomar en cuenta, como los que establecen la Constitución de la República y los tratados internacionales a los que México se ha adherido.

Buscar los mejores perfiles, por encima de acuerdos políticos o recomendaciones de “amigos”.

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Epílogo.

Era de esperarse: La Comisión de Gobernación del Senado desechó las solicitudes para desaparecer los poderes en los estados de Guanajuato y Tamaulipas (planteados por la bancada de Morena) y de Veracruz (propuesta por la fracción del PAN), pues las consideraron “improcedentes”. *** Durante el debate se resaltó el argumento de cuidar tal figura (la desaparición de poderes), pues es una medida extrema y delicada, además se puntualizó que el problema de inseguridad, que fue en lo que se basaron las solicitudes de Tamaulipas y Veracruz, es un problema que afecta a todo el país. *** Ya en este mismo espacio se había anticipado que no se encuadraban las causales para determinar la desaparición de poderes en la entidad, y el mismo criterio prevaleció para las otras dos solicitudes. No fue más que una medición de fuerzas: “Tú, PAN, me atacas Veracruz y yo, Morena, te respondo atacando Guanajuato y Tamaulipas”. Al final todo quedó en un tema mediático. *** El presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Emilio Cárdenas Escobosa, consideró “urgente” que el Congreso local emita la convocatoria para nombrar al nuevo Fiscal Anticorrupción, en sustitución de Marcos Even Torres, quien no sólo se ha ausentado de sus labores en la Fiscalía General, sino que acumula ya cuatro faltas en las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). *** “Que el Congreso tome decisiones respecto a que, si no está en funciones como tal, tendrán que ver lo conducente para emitir una convocatoria y destituirlo, y designar a quien vaya a sustituirlo”, recomendó.

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