Aurelio Contreras Moreno / La violencia física, asesina, que impunemente ha cobrado la vida de decenas de periodistas en México en los últimos 20 años, no es la única que se padece en la brega diaria de los trabajadores de la información.
Hay una violencia que pareciera incluso inherente a la labor de los reporteros, con la cual se acostumbran a malvivir e incluso a algunos les sirve de razón –o pretexto- para corromperse: la que las mismas empresas de comunicación ejercen en su contra, mediante el pago de sueldos miserables, sin prestaciones ni seguridad social o laboral, y hasta alentándolos a recibir sobornos de parte de autoridades y políticos como forma de “reembolso” por sus servicios.
El caso de Jorge Celestino Ruiz Vázquez, periodista asesinado en Actopan el pasado viernes 2 de agosto, es un ejemplo atroz de esta otra tragedia cotidiana, propiciada y mantenida por empresarios sin escrúpulos que mientras se dan vida de reyes, les piden a sus empleados, literalmente, que salgan a robar.
Celestino Ruiz no recibía un sueldo por su trabajo como corresponsal del diario Gráfico de Xalapa en el municipio de Actopan. Lo único que este medio le pagaba era una comisión por cada ejemplar del periódico que él mismo tenía que vender, por la miserable suma de ¡un peso!
Eso no es lo peor. De acuerdo con lo expuesto al reportero Miguel Ángel Carmona por el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, Jorge Morales Vázquez, a raíz de las primeras agresiones que sufrió Celestino Ruiz tras las notas críticas al presidente municipal panista de Actopan, Paulino Domínguez –principal sospechoso de la autoría intelectual de su homicidio-, el dueño del diario para el que trabajaba, José Luis Poceros, le pidió que aceptara, sin más, un “chayote” –como se le llama al soborno en el argot periodístico- de diez mil pesos ofrecido abiertamente por el munícipe.
Ello, a condición de que el reportero retirase las denuncias que presentó en octubre y noviembre del año pasado en contra de Paulino Domínguez y otros cuatro ediles, quienes lo amenazaron y a los que a su vez acusó de haber mandado tirotear su automóvil y atentar contra su domicilio particular.
Además, para recibir el “cochupo” ofrecido a través de un personero del alcalde, Celestino Ruiz tendría que comenzar a escribir “notas positivas” acerca del trabajo del Ayuntamiento de Actopan y de su titular. El periodista, en un acto de dignidad y a pesar de la precariedad económica, se negó. Quince días después de ese vergonzoso episodio, lo asesinaron.
Lo más indignante es que en el medio para el que trabajaba y donde le pidieron dejarse corromper, ahora exigen “justicia” para Celestino. Una prueba adicional de la vileza que caracteriza a empresarios mediáticos de la calaña de José Luis Poceros que, valga decirlo, no es el único que explota a sus trabajadores, literalmente, hasta la muerte.
Es esa otra violencia que depaupera, que consume, que vulnera la estabilidad económica, emocional y familiar de los periodistas mexicanos y, con especial énfasis, la de los veracruzanos. La que roba la esperanza, carcome la dignidad y pone a prueba la entereza del más sólido profesional cuando no hay pan que pueda llevar a su casa. Y a pesar de lo cual, varios se mantienen en una sola pieza para cumplir con su labor de manera decente, vertical.
En Veracruz, sin embargo, ante todos los tipos de violencia contra los periodistas, los gobernantes prefieren sentarse a la mesa con sus verdugos. No importa en qué sexenio esté usted leyendo esto. Pero el actual, por supuesto, no es la excepción.
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