La suerte de Javier Duarte está en manos de la justicia guatemalteca. Y es que cuando Guatemala concedió la extradición de Javier Duarte al gobierno de Enrique Peña Nieto fue para que se le juzgara por hechos de corrupción y lavado de dinero. La ley de extradición entre ambos países señala que, si se decide juzgarlo por otros delitos no contemplados en el documento de extradición, entonces el gobierno de México debe pedir permiso para que al extraditado se le juzgue por delitos nuevos.
Ese permiso se pidió desde hace muchos meses, pero se había quedado olvidado por ahí. Ahora que a Javier Duarte se le soltó la lengua, pues alguien de la FGR o de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se acordó del permiso solicitado para que a Javier Duarte se le juzgue por el delito de desaparición forzada, delito por el que podría alcanzar una pena de 30 años de cárcel.
Se espera que a más tardar en un mes, el gobierno de Guatemala tenga listo ya definido si permite que se juzgue a Duarte por desaparición forzada. De momento una jueza giró desde hace un año una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, para que, si pone un pie afuera del Reclusorio Norte, se le aprehenda de inmediato para ser juzgado en Veracruz.
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