Lista de proveedores sería supervisada por la Contraloría General o los OIC: GL PAN

Proveedores
El Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz de la diputada María de Jesús Martínez Díaz, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado, con la finalidad de otorgar atribuciones a la Contraloría General del Estado (CGE) y a los Órganos Internos de Control (OIC) para la supervisión del Padrón de proveedores de cada ente público. FOTO: LEGISVER
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Presenta la diputada María de Jesús Martínez iniciativa que prevé modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado

Xalapa, Ver. El Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz de la diputada María de Jesús Martínez Díaz, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado, con la finalidad de otorgar atribuciones a la Contraloría General del Estado (CGE) y a los Órganos Internos de Control (OIC) para la supervisión del Padrón de proveedores de cada ente público.

Asimismo, con esta reforma podría otorgarle a cada OIC la atribución para proceder a la cancelación del registro de algún proveedor, pues el objetivo de esta iniciativa es resolver el conflicto de intereses en el que pudiera encontrarse el servidor público al integrar el padrón de proveedores, y quien a su vez es el encargado de la unidad de realizar las compras o contrataciones.

Además, continuó la legisladora, se prevé que los proponentes de bienes o servicios que vayan a participar en algún procedimiento, proporcionen, no sólo el Domicilio Fiscal tal y como ya lo establece la Ley, sino que además de ello, el domicilio exacto de sus oficinas centrales, matrices, sucursales, establecimientos, bodegas, talleres o cualquier otra instalación inmobiliaria vinculada con la empresa o negocio, lo anterior, a fin de estar en condiciones de corroborar la veracidad de la información.

La intención es que se incorpore a dicha Ley, Inspecciones Domiciliarias, mismas que estarán a cargo del Órgano Interno de Control del Ente Público y deberán constar por escrito, asentando la ubicación georeferenciada de los domicilios verificados, junto con un registro gráfico y fotográfico de estas”, puntualizó Martínez Díaz.

Además, en consecuencia, continuó la diputada, se propone señalar que la Contraloría General u Órgano Interno de Control, tendrían la responsabilidad de verificar la existencia física de las empresas, contribuyendo a trabajar en una reforma a los Artículos 49, 56 y 59 para armonizar el texto vigente con dicha propuesta, no sólo incorporando nuevos requisitos a proveedores y candados en la Ley, sino  perfeccionando la norma a través del incremento de las sanciones, ya establecidas en la misma.

En lo que se refiere a las responsabilidades se propone incorporar la obligación a los servidores públicos, de informar sobre las infracciones al Órgano Interno de Control o Contraloría General, además de adicionar una Fracción para señalar que dicha falta será también considerada una infracción a la Ley, el hecho de que el proveedor llegara a impedir, evitar o dificulte la verificación o inspección domiciliaria correspondiente.

Además, afirmó la también presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se propone incrementar el monto de la multa que actualmente establece la Ley de hasta mil UMAS, para ir de las 300 a las mil 500 UMA´s.

En Acción Nacional, estamos convencidos que el combate a la corrupción debe darse de forma pragmática y real, además de impulsar cambios al derecho vigente que beneficien a quienes integran de forma real el sector empresarial, comercial y de servicios, a aquellos que buscan salir adelante generando empleos e inversión”, dijo la legisladora.

Finalmente, aseguró que se debe favorecer a la iniciativa privada que le apuesta al desarrollo económico del Estado, que ve en los órganos de Gobierno un cliente potencial, a quien puede ofrecerle, bajo las mejores condiciones del mercado, bienes y/o servicios; participando de forma libre y competitiva en procedimientos reales contra sus iguales y no contra Empresas Fantasmas.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes de Unidas de Hacienda del Estado y Vigilancia.

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