Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Manuel Rosendo Pelayo fue intervenido por elementos de la Policía Ministerial la tarde de este miércoles en San Andrés Tuxtla, la cabecera del municipio que él gobernó. *** Al detenerlo, los agentes le mostraron una orden de aprehensión girada por un juez, a partir del expediente 22/2019, en el que se le señala como presunto responsable del delito de fraude en agravio de la empresa Liconsa, por un millón 300 mil pesos. *** Su detención duró apenas un par de horas. Al momento de ser presentado ante el Fiscal, su abogado hizo valer un amparo que lo protegía de cualquier privación de su libertad. El proceso no se detiene, pero el exalcalde habrá de seguirlo desde la libertad. *** En más de una ocasión el actual alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, había prometido “meter a la cárcel” a Manuel Rosendo, pero él enfocó sus baterías a un contrato por 36 millones de pesos para la sustitución de luminarias. *** Perez Garay asegura que dicha transacción fue un montake, pues se realizó con una empresa “fantasma”. Esa denuncia no ha arrojado resultados hasta el momento. *** Manuel Rosendo Pelayo ya está en su casa, pero en el breve lapso que duró su detención, tuvo tiempo de saber quiénes eran, realmente, sus amigos.
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“La distancia cultural entre los procesos jurisdiccionales ordinarios y la cultura indígena contiene de forma implícita, afirmaciones de superioridad de una cultura sobre otras que corresponde enmendar al sistema de justicia mexicano. Los procesos donde son parte los indígenas suelen ser más lentos y engorrosos, el principio de inocencia se violenta con mayor facilidad, se suele condenar a personas que nunca tuvieron una defensa efectiva, se menoscaban sus recursos naturales y territorios, se han relocalizado pueblos enteros de manera forzosa, se debilitan sus sistemas propios de autoridad y al final todas éstas consecuencias de las malas prácticas judiciales atentan contra los principios de justicia y equidad que soportan el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas”.
Ese texto forma parte de la introducción al “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”, que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014.
Este miércoles, en la sede del Poder Judicial del Estado, con la presencia de los titulares de los tres Poderes de Veracruz, fue presentada la versión estatal de este Protocolo, que será de cumplimiento obligatorio para todas las áreas del Poder Judicial.
A través de este protocolo el Poder Judicial de Veracruz reconoce como principios básicos de las personas, comunidades y pueblos indígenas, el derecho a la diversidad cultural, a la libre determinación, al autogobierno, a elegir a sus autoridades y a aplicar sus propios sistemas normativos.
Se les reconoce, además, su derecho a acceder a la jurisdicción del Estado, a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales; su derecho a la consulta y al consentimiento libre previo e informado; así como sus derechos económicos, sociales y culturales.
El documento presentado por el Poder Judicial de Veracruz tiene especial relevancia, pues cuenta con el respaldo político de los titulares de los otros dos Poderes.
El gobernador Cuitláhuac García, incluso, fue quien tomó protesta a Esmeralda Ixtla Domínguez, secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, como coordinadora del Plan de Impartición de Justicia para Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas. Por parte del Poder Legislativo estuvo presente el Presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro.
Presente estuvo también el poeta y traductor de la lengua nahuatl, Juan Hernández, quien durante su discurso tras recibir la presea Adolfo Ruiz Cortines, señaló:
“Para una verdadera cuarta transformación, para que el escenario político cambie, la relación entre Gobierno y pueblos indígenas cambie, se requiere voluntad con visión inclusiva”.
Juan Hernández trabaja ya con el abogado Tomás Mundo en la revisión de los expedientes de indígenas que se encuentran privados de su libertad, en muchos de los casos de manera injusta.
En el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”, que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación se plasman las palabras del doctor en Sociología Rodolfo Stavenhagen:
“Los Estados necesitan mostrar mayor voluntad y capacidad política para construir mecanismos y estructuras eficientes que logren promover realmente, y no solamente simular, el respeto efectivo de los derechos humanos de los pueblos indígenas en sus países. Los tribunales deben asumir activamente la defensa de estos derechos más allá de los legalismos que durante tanto tiempo se usaron para despojar de ellos a los indígenas”.
Que así sea.
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Epílogo.
¡Se le cayó a Pepe Mancha! El Tribunal Electoral de Veracruz aprobó la sentencia que resuelve anular la elección interna del PAN en Veracruz, debido a que se hicieron constar numerosas irregularidades que vulneraron los principios de imparcialidad. *** El caso fue resuelto la noche de este miércoles y una vez que el PAN reciba la notificación correspondiente, salvo que pretenda acudir a otras instancias jurídicas, habrá de convocar a un nuevo proceso interno para definir a su dirigente estatal. *** Este sábado estará en el puerto de Veracruz, el líder nacional de la CTM Carlos Aceves del Olmo en una reunión multitudinaria. ¿A qué viene don Carlos? Se sabe que saludará a los amigos y se reunirá con pescadores y cañeros para brindarles su apoyo. Pero, además, viene a saludar al joven aspirante a la dirigencia estatal del PRI, Carlos Aceves Amezcua que casualmente es su sobrino y al que le tiene especial afecto. *** No hay que olvidar que los trabajadores de la CTM están afiliados al PRI y un guiño del veterano líder, podría inclinar la balanza a favor de su pariente a quien algunos ven como el “caballo negro” de esta contienda cuya elección será a fines de este mes. *** Si se le cuestiona a cualquiera de los alcaldes de Veracruz, sobre si resulta suficiente el presupuesto del que dispone para atender las demandas más urgentes de la población, todos dirán que no. Es por ello que sorprende la displicencia con la que ha atendido el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, el manejo de su presupuesto, en especial aquellos fondos federales que se gestionan para acciones específicas. *** El edil xalapeño reconoció que –una vez más- regresará a la Federación fondos que no fueron ejercidos en el plazo que se había establecido. En esta ocasión se trata de poco más de un millón de pesos que no se aplicaron en la construcción del cuartel de policías. *** Su argumento fue que se solicitó un material específico a España, para la construcción del campo de tiro, “pero no llegó a tiempo”. Para resolver esa falla, el alcalde anunció que ese millón de pesos será tomado de “los ahorros” que su administración está consiguiendo. El chiste se cuenta solo.
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