La “seguridad” de Yunes Linares

Seguridad
Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Seguriad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez / 

Prefacio.

Una vez superado el tema de los dos primeros dictámenes de juicio político en contra del aún fiscal Jorge Winckler, toca la revisión del ajuste planteado por el gobernador Cuitláhuac García, al Presupuesto de Egresos del presente año. *** Hay que recordar que el 27 de diciembre del 2018 fue aprobado el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2019, aunque se incorporó el artículo 4 transitorio, en el que se establece: “El Poder Ejecutivo, dentro de los 90 días siguientes contador a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá presentar ante el H. Congreso del Estado una propuesta de ajustes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, con la finalidad de incorporar en su cuerpo normativo las previsiones que resulten necesarias”. *** La semana pasada el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, acudió al Palacio Legislativo a entregar personalmente los ajustes planteados por la administración estatal, y el miércoles 27 de febrero, a las 5 de la tarde, se celebrará una nueva sesión extraordinaria, en esta ocasión para votar el dictamen que elaboró la Comisión Permanente de Hacienda del Estado. *** Se los anticipo: El dictamen será aprobado por una amplia mayoría (podría, incluso, ser unánime). Al grupo opositor le interesa dejarle claro a Cuitláhuac García queel problema no es con él, sino con sus operadores”. *** Así es esto de los mercaderes de la política.

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Desde que Miguel Ángel Yunes Linares dio a conocer a su equipo de colaboradores, en vísperas de su toma de posesión, el primero de diciembre del 2016, lo primero que se le reprochó fue que colocara al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a un improvisado, Jaime Téllez Marié, un leguleyo de segunda, que se había destacado más por sus marrullerías electoreras, que por sus dotes de policía.

La decisión de Yunes Linares llamó la atención, porque durante su campaña destacó dos compromisos en materia de seguridad: La primera, que pondría al frente de esas tareas a alguien con carrera militar y hoja de vida intachable, y la segunda, que les devolvería la tranquilidad a los veracruzanos en sólo seis meses, porque “el sabía cómo hacerlo”.

Por supuesto, esas dos promesas, como muchas más (“combatir a la corrupción”, por ejemplo) se mandaron el cajón de los compromisos olvidados.

Hugo Gutiérrez Maldonado, el responsable de la seguridad del estado a partir del inicio del gobierno de Cuitláhuac García, charló con la redacción del periódico Imagen de Veracruz y dio pormenores de lo que se encontró a su llegada:

De las 6 mil 500 cámaras que anunció Yunes Linares, sólo funcionan mil 300; tan sólo en Xalapa operan apenas 150 cámaras, de las mil 600 que se instalaron. Se trató de un fraude –dijo Hugo Gutiérrez- pues se gastaron 700 millones de pesos por equipo inservible o que no se instaló.

Otra mas: de un parque vehicular que en el papel era de dos mil unidades, en diciembre del 2018 apenas funcionaban 700 patrullas. Se encontró también con un cuerpo policiaco muy reducido, sin armamento adecuado, con salarios por debajo del promedio nacional y compromisos incumplidos de entregar 40 viviendas a familiares de elementos caídos en el cumplimiento de su deber.

El funcionario dio a conocer que de inmediato se dio a la tarea de reclutar y capacitar a nuevos elementos, además de reforzar los conocimientos del personal ya existente, pues carecían de conocimientos básicos sobre el nuevo sistema de justicia penal, y al realizar una detención incurrían en vicios que provocaban que los jueces terminaran liberando a presuntos delincuentes.

Mientras las nuevas generaciones de policías se incorporan a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública, Veracruz seguirá contando con el respaldo de la Policía Federal y el personal de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano.

El secretario de Seguridad Pública se muestra convencido de que habrá de abatirse en formas significativa la inseguridad en Veracruz, pero a diferencia del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, él no promete resultados en el corto plazo.

Se trata de rescatar, en primer lugar, las condiciones de la corporación, y después atacar los puntos más penetrados por la delincuencia.

No es una tarea sencilla, pero cada día se irá avanzado hacia la meta.

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Epílogo.

En la propuesta de ajuste al Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz, cada área afronta de forma particular su reto. En el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por ejemplo, se lamentan de que se pretenda reducir en más de un 50 por ciento el presupuesto de ese organismo (pasaría de 40 millones 315 mil 698 a 20 millones 315 mil 698 pesos), pues consideran que con esa medida “se estaría contradiciendo a la política del Gobierno Federal que prioriza el combate a la corrupción”. *** Al momento de votar esta partida en lo particular, los legisladores deberían recordar que es ese organismo el que está encabezando el reclamo por la irregular solventación de inconsistencias detectadas en la Cuenta Pública del 2017, lo que no se atrevió a hacer ni el propio Orfis. De aplicar con rigor la Ley, el gobierno podría recuperar más de 300 millones de pesos, lo que justificaría que se les respaldara con mayor presupuesto. *** El Presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, por su parte, admite que la nueva propuesta le recorta más de 600 millones de pesos, pero aclara que “se hará el mayor esfuerzo posible para ajustarse al presupuesto”. Aclaró que las remuneraciones del personal del Poder Judicial están garantizadas y se tomarán las medidas necesarias para cumplir con los objetivos que se han trazado. *** Por lo pronto, el gobierno del estado está empezando a resolver una de las “minas” que le dejó sembradas el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Están empezando a pagarles a los ayuntamientos que recurrieron a la Suprema Corte para reclamar participaciones federales que no les fueron entregadas. Lo están resolviendo mediante convenios para cubrir los pasivos en forma escalonada. *** Hay quienes interpretan que la negativa de los diputados a someter a juicio político al fiscal Jorge Winckler fue motivada por su defensa a la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE). Nada más falso que eso. Jorge Winckler no es un fiscal autónomo, es un servidor público que se debe a los intereses de un grupo que lo impuso en ese cargo y que pretende seguir medrando desde ese organismo. *** Nadie en Veracruz (ni siquiera los que han salido a defender a Jorge Winckler) han sugerido siquiera que Cuitláhuac García tenga listo ya a su “fiscal carnal”. El actual gobernador entiende, sin embargo, que poco podrá avanzar en el combate a la impunidad, si permite que el organismo encargado de la procuración de justicia obedezca a intereses oscuros.

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