Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Ya se anticipaba que el gobernador Cuitláhuac García no enviaría al Poder Legislativo, en una sola remesa, sus propuestas para cubrir las 13 vacantes de magistrados que registra el Tribunal Superior de Justicia. *** Este martes le hizo llegar una primera lista, con seis nombres que de ninguna manera representan –ni en lo académico, ni en lo profesional- las mejores opciones entre los más de 400 aspirantes a esos cargos. *** Lo establece con toda claridad el artículo 59 de la Constitución local: “Los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado”. No habla de que se tenga que hacer una selección previa, o de que el mandatario estatal tenga que consultar alguna instancia. Es su potestad. *** Sin embargo, Cuitláhuac García hizo una invitación a todos aquellos abogados que se sintieran con méritos para asumir el cargo de magistrado, lo que provocó que casi medio millar de juristas presentaran su documentación. *** Ante tal convocatoria, lo que se esperaba es que se endurecieran los criterios de selección, que se privilegiaran la trayectoria académica, la experiencia en la carrera judicial y hojas de servicio impolutas. *** Adolfo Cortes Veneroso, Esteban Martínez Vázquez, Bertha Inés Chávez Méndez, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández Cadena, y Sofía Martínez Huerta no cubren, ni de cerca, los mejores perfiles entre los aspirantes. *** ¿Cuáles fueron, entonces, los criterios que prevalecieron? ¿Una vez más amiguismo, compadrazgo, compromisos políticos?
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Es cierto.
La seguridad pública es un tema que a todos nos atañe, que en este siglo a todos nos quita el sueño, que se ha convertido en tema obligado de cualquier conversación.
Es cierto.
La seguridad es una de las tareas aún pendientes en el actual gobierno estatal, en gran medida por el severo rezago que le heredaron anteriores administraciones.
Pero también es cierto que el combate a la delincuencia (y, como consecuencia de ello, el descenso en la violencia y la inseguridad) requiere, además del uso legítimo de la fuerza del Estado, el diseño de estrategias específicas, de fórmulas creadas especialmente para resolver variables únicas del territorio veracruzano.
Tan sólo en el estado de Veracruz, los planes de seguridad no deben ser iguales para atender la problemática de la sierra de Zongolica, a la que se enfrenta en el extremo sur de la entidad.
No se ataca de la misma forma a la delincuencia doméstica (atracos a comercios, robos de celulares, asaltos en casas-habitación, por mencionar algunos) que a las bandas dedicadas al secuestro, al robo de combustible, a la extorsión o a quienes se dedican al tráfico de drogas.
En estos últimos casos, donde se registran los llamados “delitos de alto impacto”, suelen estar involucrados personajes o grupos que están inmersos en la sociedad. A veces son empresarios, en otras ocasiones periodistas; también actores políticos o altos mandos policiacos.
Como parte de las estrategias montadas por el panismo yunista, para cuestionar el desempeño del gobierno de Cuitláhuac García, este martes la bancada de Acción Nacional en el Congreso local tuvo a bien plantear, fuera de programa, durante la sesión ordinaria del Pleno, la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, “para conocer las estrategias, políticas públicas y resultados que tiene el Gobierno del Estado en la materia”.
¿Alguien en su sano juicio esperaría que el responsable de la seguridad de los veracruzanos se sentaría con los diputados para habarles de su estrategia contra la delincuencia?
En la pasada administración estatal, cuando estuvo al frente del gobierno su jefe político, Miguel Ángel Yunes Linares, los diputados panistas jamás cuestionaron las cifras que se ofrecían semana con semana, basadas –aseguraban- en las mediciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Esos instrumentos siguen funcionando. El actual gobierno de Veracruz ha aportado datos sobre las tendencias delictivas, con base en esas mismas mediciones.
¿Bajo qué criterio asumen los legisladores del PAN que los datos sobre resultados que les vaya a entregar el secretario serían distintos a los que se han hecho públicos?
Es lo que se conoce en el argot político como “estrategia de desgaste”: Piden algo que suena lógico, pero lo hacen de tal manera que saben que les será negado. Su conclusión es que “algo ocultan”.
Tendrían que ponerle más ingenio a sus tretas.
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Epílogo.
El pasado 18 de enero, el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Veracruz, dispuso: “Tomando en consideración que la resolución que recaiga en el citado recurso de queja puede influir en el sentido de la sentencia que se dicte en el presente juicio, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las diez horas con once minutos del treinta de enero de dos mil diecinueve”. *** Este miércoles se habrá de conocer si el aún fiscal Jorge Winckler obtiene el amparo solicitado, o le es negado. De obtener el respaldo de la justicia federal, aún quedaría la vía de los juicios políticos para removerlo. En caso de que le sea negado este recurso, el Congreso de Veracruz estará en condiciones de someter a votación del Pleno su remoción, lo que podría suceder en la sesión del 31 de enero. *** El final está cerca.
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