Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
El titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) Lorenzo Antonio Portilla, lo ratificó: En la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 (el primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares) los informes entregados a la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura incluían mil 062 observaciones de presunto daño patrimonial. *** En 153 municipios hubo mil 028 observaciones por un monto de mil 102.3 millones de pesos; en dos entidades paramunicipales, seis observaciones por un presunto daño patrimonial por 20.7 millones de pesos; en 16 entes estatales, 28 observaciones con un monto de 338.2 millones de pesos. *** Las mil 062 observaciones representaban un daño al erario por mil 461.3 millones de pesos. “La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIV Legislatura, en las diversas sesiones de revisión de los Informes Generales e Individuales, acordó dar por solventadas algunas observaciones y por ende, el presunto daño patrimonial, quedando en la cantidad de mil 133.8 millones de pesos, tal y como se asentó en el Decreto número 784”, explicó el Auditor General. *** La Comisión de Vigilancia, que en ese entonces presidía el panista Juan Manuel de Unanue “acordó” asumir como propias las atribuciones del Orfis y eliminar de un plumazo señalamientos de daño patrimonial por un monto de 327.5 millones de pesos. *** ¿Dónde quedaron esos recursos? Muy pronto lo sabremos, una vez que se someta a revisión el Decreto 784 y se sancione a quienes incurrieron en actos contrarios a la Ley.
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Lo dice muy claro la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz en su artículo 36:
“1. Si el Jurado de Procedencia acuerda proceder penalmente, el servidor público será privado del fuero constitucional, y quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión, y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. 2. El Congreso del Estado, a través de la Secretaría General, notificará el acuerdo que contiene la Declaración de Procedencia y la remoción del fuero constitucional mediante oficio al inculpado, al denunciante o querellante y al Ministerio Público quien podrá solicitar las medidas precautorias conducentes, de conformidad con la legislación penal”.
En ese argumento jurídico está basada la afirmación del abogado Jorge Reyes Peralta
La bancada panista en el Congreso local intentó irrumpir en el recinto que se había designado para la celebración de la audiencia para la presentación de pruebas y alegatos de las partes involucradas en el Juicio de Procedencia contra el aún fiscal Jorge Winckler Ortiz.
La Comisión Instructora acordó que la audiencia fuera de carácter privado, pero los legisladores panistas alegaban que por su investidura no se les podía prohibir el paso a ningún área del Congreso.
En la entrada al salón Sebastián Lerdo de Tejada se suscitaron empujones, gritos y jaloneos entre personal de seguridad de la Legislatura y los diputados panistas que pretendían ingresar por la fuerza.
Los días previos a esta audiencia, el aún fiscal de Veracruz contrató entrevistas en medios de circulación nacional para dar su versión de los hechos. Aseguró que era víctima de una conjura del exgobernador Javier Duarte, y que no había elementos jurídicos para que procediera el juicio político.
Al respecto, el abogado que lleva la parte acusadora, Jorge Reyes Peralta, detalló en qué está basado su alegato:
“El Fiscal estuvo en la Ciudad de México, visitando medios nacionales, ufanándose de que el Juicio Político no se encuentra sustentado. Al fiscal, la ignorancia jurídica no le permite advertir que el Juicio ya fue declarado procedente, y que los elementos de prueba que revisó la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales han sido suficientes para que lleguemos ante la Comisión Instructora. Él dice que una denuncia de un particular no procede, pero es total su desconocimiento de la ley de Juicio Político; el artículo 15 de esa norma dice que hay acción popular para venir, denunciar y pedir Juicio Político. Ya pasamos dos aduanas y vamos a pasar esta. El dictamen que emitirá la Comisión Instructora confirmará que está acreditada la responsabilidad del fiscal como autor intelectual del delito de tortura”.
Reyes Peralta dijo no estar preocupado por lo declarado un día antes por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, respecto a que este proceso en el Poder Judicial podría durar hasta un año.
“Puede tardar dos. Al momento que la comisión instructora declare que el juicio sigue en el tribunal, la sanción será separarlo del cargo (…) él tendrá que presentarse como particular, pues no puede ser enjuiciado y seguir siendo fiscal”.
El artículo 78 de la Constitución de Veracruz advierte que “el Congreso del Estado, por las dos terceras partes de los votos de la totalidad de sus integrantes, declarará si ha lugar a proceder por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, en contra de los Diputados, el Gobernador, los titulares de las Secretarías de Despacho y de la Contraloría General, el titular de la Fiscalía General del Estado, los Magistrados, los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretarlo Ejecutivo del organismo público que ejerza la autoridad electoral administrativa; el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”.
Y agrega:
“Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el servidor público quedará suspendido de su cargo y a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley”.
Por una vía, o por otra, pero la salida de Jorge Winckler es inevitable.
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Epílogo.
Y mientras en el Congreso se libra la batalla contra el último reducto del yunismo, en Pacho Viejo persisten las malas prácticas. Este mismo miércoles fue suspendida la audiencia de revisión de medidas cautelares de Luis Ángel Bravo, a petición de sus abogados, quienes argumentan que la juez Mónica Segovia Jácome asumió “una actitud parcial”. *** El abogado Arturo Nicolás Baltazar explicó que al inicio de la audiencia, la juzgadora “pretendió ingresar datos de prueba falsos”. Informó que recusaron una vez más ante el Poder Judicial del Estado, a la juez Segovia Jácome porque intentó hacer valer medios de prueba presentados en audiencias anteriores, que ya fueron desechados. *** El gobernador Cuitláhuac García anunció que buscará mecanismos para rescatar al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), con el fin de mantener el esquema de beneficios compartidos. Dijo que se recapitalizará al IPE, sin poner en riesgo las pensiones de los trabajadores. El gobernador conminó a los organismos adheridos al IPE a pagar sus deudas, que en conjunto ascienden a casi ocho mil millones de pesos. *** Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con el apoyo de la Marina y la Policía Estatal abatieron la tarde del miércoles a un presunto secuestrador que mantenía privado de la libertad a un empresario, en una casa de seguridad ubicada en la confluencia de las calles Teotihuacán y Zempoala, de la colonia Teresa Morales, en Coatzacoalcos. El grupo policiaco irrumpió en la guarida y respondió al ataque de quien vigilaba a la víctima de secuestro. Trascendió que, además, fueron detenidas dos personas, aunque otros delincuentes lograron escapar.
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