Uno de los casos más sonados en el país por la grave violación a los derechos humanos fue lo ocurrido en el municipio de Tlatlaya, donde, según información de la Procuraduría General de la República (PGR), elementos del Ejército ejecutaron a ocho de los 22 fallecidos esa madrugada del 30 de junio de 2014, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que fueron 15. Por ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la PGR ampliar la información pública disponible sobre el caso Tlatlaya.
Un reporte del periódico Reforma revela que el comisionado Joel Salas Suárez resolvió un recurso de inconformidad para que fuesen liberados los nombres de los funcionarios involucrados en la investigación correspondiente. Y es que, se considera, al tratarse de un caso donde hubo graves violaciones a los derechos humanos, la información no debe reservarse.
El portal del Grupo Fórmula muestra que con ello la PGR tendrá diez días para modificar averiguación previa SEIDO-UEICA-174BIS/14 y proporcionar datos personales como nombre y firma de testigos, víctimas, ofendidos, imputados, asesores jurídicos y peritos, pues resulta inconcebible que elementos del Ejército Mexicano hayan ejecutado de manera extrajudicial a posiblemente 15 personas y la PGR haya ocultado información durante años.
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