La cancelación de la Reforma Educativa junto con su Evaluación Docente no es a capricho de los maestros mexicanos ni tampoco es un regalo o una concesión que se les haga. Es simplemente justicia. Desde el origen y nacimiento de la Ley de Servicio Profesional Docente, se detectó su parte punitiva y lesiva contra los derechos laborales del magisterio. Literalmente la ley amenazaba de la siguiente manera: «El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda».
Y para los maestros que no pasaran el examen, también había dedicatoria: «En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda». Esta ley provocó que en varios estados, la autoridad educativa puyara a los maestros a evaluarse.
Hoy, esa ley, junto con la Reforma Educativa, se encamina a su cancelación; en el Congreso Federal, en el Senado y por boca del próximo presidente de la República, su cancelación sólo será un mero trámite. Será un acto de justicia para el magisterio mexicano.
Comentarios