Aurelio Contreras Moreno / Alarma y escozor han causado las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobadas por la Cámara de Diputados, controlada por Morena. En especial, la que tiene que ver con las estaciones públicas de radiodifusión.
Esta reforma es considerada por especialistas y operadores de telecomunicaciones, así como por defensores de la libertad de expresión y el derecho a la información, como una brutal regresión, ya que traslada a la Secretaría de Gobernación la función de “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”, que hasta ahora es regulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que –todavía- es un organismo autónomo del Estado mexicano.
Varios expertos en materia de telecomunicaciones han manifestado su preocupación por lo que es visto como una reforma tendiente al autoritarismo, que vulnera la libertad de expresión, la pluralidad y la independencia editorial que por ley deben tener todos los medios públicos del país, lo que además está sustentado en estándares internacionales de protección de estas libertades y derechos universales.
En un pronunciamiento hecho público este lunes, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, junto con alrededor de 150 organismos, académicos y especialistas, le piden a la Cámara de Senadores que frene este retroceso y explican las razones por las que se le puede considerar de esta manera.
En primer término, señalan que “la Secretaría de Gobernación no debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión” pues “la regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico y los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos. La participación de Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato”.
En el pronunciamiento se destaca también que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que “para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos”.
Quien esto escribe es, desde hace un año, integrante del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana, que entra dentro de la catalogación de los medios públicos. Una de las tareas primordiales del Consejo ha sido precisamente la definición de los criterios para garantizar su independencia editorial; las garantías de participación ciudadana; reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales; autonomía de gestión financiera; reglas que aseguren la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; y mecanismos de financiamiento. Todo esto quedaría en entredicho, si no es que tirado a la basura, si el Senado ratifica la aberración aprobada por los diputados federales.
Al otorgársele el control del servicio de la radiodifusión pública a la Secretaría de Gobernación, lo que se hace en los hechos es despojar a los medios públicos de su independencia, con lo que perderían ese estatus público y quedarían reducidos a ser medios oficiales y seguramente oficiosos. Meros difusores de propaganda gubernamental en los que la pluralidad de opiniones difícilmente tendrá cabida. Menos aún, dentro de un régimen que detesta la crítica y el disenso, como el que iniciará el próximo 1 de diciembre.
Eso, y la militarización del país a través de la anunciada creación de la Guardia Nacional, significarían un retroceso en materia de derechos y libertades civiles de magnitudes históricas para México, de por lo menos medio siglo. Y si hacemos caso a lo dicho por René Bejarano –el tristemente célebre “señor de las ligas”, que nunca dejó de ser un operador del lopezobradorismo- en el sentido de que tras las elecciones intermedias y el referéndum presidencial de mitad de sexenio convocarán a un Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución de la República –a modo, por supuesto-, la señal es clara y ominosa: estamos en la antesala de una restauración autoritaria, con tintes de tiranía.
Y lo que puede venir después es mucho peor.
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