Aurelio Contreras Moreno / Como si no fuera suficiente el desprestigio que arrastran las instituciones electorales de nuestro país, en buena medida gracias al golpeteo que les aplican los propios partidos políticos, pareciera que el mismo órgano central, el Instituto Nacional Electoral, quiere darles la paletada de tierra que termine de enterrarlos.
Esta semana, el Consejo General del INE discutirá la designación de los nuevos consejeros que ocuparán las vacantes existentes en los Organismos Públicos Locales Electorales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. Y por lo menos en el caso de esta última entidad, quienes se perfilan para esos espacios no garantizan profesionalismo ni capacidad para desempeñar dicha labor.
En el dictamen de la Comisión de Vinculación con los OPLEs del Instituto Nacional Electoral que se someterá a discusión del Consejo General, se propone que en los dos espacios vacantes en el OPLE del estado de Veracruz sean designados Quintín Antar Dovarganes Escandón y Mabel Aseret Hernández Meneses. Ambos, actuales integrantes de la burocracia electoral. Los dos, con trayectorias mínimas en la materia comicial.
Quintín Antar Dovarganes Escandón se desempeña en este momento como integrante del Consejo Distrital del INE en Orizaba y en 2017 fue presidente del Consejo Municipal del OPLE en la misma ciudad. Su experiencia en el tema electoral se reduce a la integración de órganos temporales durante proceso electivo. El resto de su trayectoria laboral la ha desarrollado como abogado litigante y asesor jurídico en la iniciativa privada, como oficial del Registro Público de la Propiedad y como profesor de inglés.
Cuando fue investido como presidente del Consejo Municipal del OPLE en Orizaba en 2017, Dovarganes Escandón fue exhibido como simpatizante del PRI por sus publicaciones en redes sociales, por lo que su imparcialidad fue cuestionada por los partidos políticos.
El caso de Mabel Aseret Hernández Meneses es todavía peor. No ha ocupado un solo cargo en áreas directivas sustantivas en el INE, en cuyas oficinas centrales lleva trabajando menos de dos años, durante los cuales fue auditora senior durante dos meses y medio para después ubicarse como jefa de Departamento de Gestión del Conocimiento e Innovación, donde permanece hasta ahora. Antes, se desempeñó en la docencia y la investigación de temas ambientales.
El dictamen de la Comisión de Vinculación con los OPLEs, que tendrá todavía que ser avalado por el Consejo General del INE, revela una muy riesgosa ausencia de rigor para elegir los perfiles de quienes integrarán los organismos que tendrían que brindar certeza en su organización y desarrollo a los procesos electorales en los estados y municipios en los años por venir. Máxime en momentos en que se cuestiona fuertemente su misma existencia.
A menos, claro, que la idea sea desaparecer en el corto plazo los organismos electorales de los estados y centralizar la organización de los comicios locales y federales en el INE, cuya propia viabilidad está siendo puesta en entredicho por quienes tomarán el poder a partir del 1 de diciembre.
Debilitar al sistema electoral de nuestro país en medio del advenimiento de un régimen que, de por sí, casi no tendrá contrapeso alguno, no es una buena noticia para la democracia. Por el contrario, puede alentar tentaciones autoritarias que cada vez se disimulan menos.
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