Luis Ramírez Baqueiro /
“Cualquier cosa debe tomarse seriamente, nada trágicamente.” – Luis Adolfo Thiers.
En una reciente entrevista con el ex responsable de la política interior del país durante los cinco primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el tema fue la seguridad de Veracruz para 2019.
Ese es el tema me dijo el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong.
Y cierta es su razón cuando leo un articulo titulado “Insurgencia criminal en México: la disrupción que viene” de Christian J. Ehrlich, Fundador y director en Riskop. Investigador Externo Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, mismo que puede encontrar en https://mxsecurity.blog/2018/08/18/insurgencia-criminal-en-mexico-la-disrupcion-que-viene/
Según explica este experto en seguridad nacional, al amparo de la violencia producto del narcotráfico han crecido otros fenómenos delictivos, los cuales merecen especial atención y obligan a un análisis profundo en la materia.
Ehrlich afirma que la “existencia de grupos delictivos que, a diferencia de las organizaciones criminales tradicionales, cuentan con fuerte apoyo social en las comunidades donde operan (a través de verdaderas redes horizontales familiares), capacidad logística sobresaliente y, lo que es más preocupante aún, habilidad para controlar grandes extensiones de terreno, lo que los convierte en la autoridad política de facto.”
Los antecedentes más cercanos a esta clase de fenómenos sociales los puede uno encontrar en una investigación publicada por el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México en febrero de 2017.
Dicho estudio identificó a este tipo de organizaciones como Insurgencias Criminales, toda vez que comparten características organizativas y operativas que son propias de grupos insurgentes, con la salvedad de no tener un fin político como éstos, sino uno meramente económico.
Para el propio Christian J. Ehrlich no se escapa el hecho de que el término de “Insurgencia Criminal” no es comúnmente aceptado en los estamentos de seguridad y defensa en América Latina.
Las razones de no aceptarse estos conceptos posiblemente tenga que ver con dos razones principales: por un lado, a la amplia experiencia en materia de insurgencia política en la región y, por el otro, a la renuencia a explorar nuevas categorías de análisis que obliguen a romper paradigmas establecidos décadas atrás.
Pero para este investigador en la materia, la naturaleza evolutiva, adaptativa y compleja de los conflictos en el siglo XXI necesariamente nos obligan a elaborar conceptos nuevos que permitan a nuestras naciones preparase mejor para los riesgos y amenazas del futuro.
Por tanto, las Insurgencias Criminales, comparten características con las insurgencias tradicionales, sobre todo en lo que hace a la existencia de una base social de apoyo, el ejercicio de la violencia como medio principal y el control territorial como fin estratégico.
Según la referida investigación, “una insurgencia criminal es un Actor Violento No Estatal con estructura organizativa y recursos que le permiten ejercer un control territorial de facto, mediante la violencia y el apoyo poblacional, con el objetivo de consolidar y acrecentar sus actividades ilícitas.”
Así es que cuando el conductor político de la seguridad se enfrente al reto de diseñar una estrategia contra una Insurgencia Criminal, éste deberá tener en cuenta que la base social de dicho grupo es su verdadero centro de gravedad, y no necesariamente sus capacidades financieras (como sería el caso de una organización criminal tradicional).
Ante la claridad del fenómeno, queda claro que enfrentar una Insurgencia Criminal tendrá como objetivo principal eliminar las redes de apoyo comunitario que le dan sustento orgánico, una tarea verdaderamente titánica si el Estado carece de legitimidad en la región o si la autoridad no ha logrado comunicar de manera efectiva los objetivos de la estrategia en cuestión.
Valor relevante toma este asunto, pues a unas semanas de que tanto autoridades federales como estatales en Veracruz asuman la responsabilidad de enfrentar este fenómeno, no parece haber una clara definición de qué tipo de estrategia habrá de emprenderse para afrontar este fenómeno, cuya presencia en varias partes del territorio nacional es creciente.
Los casos más claramente identificados los encontramos en regiones de los Estados de Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Estado de México es de particular preocupación, pues ahí subsisten grupos dedicados al robo y trasiego de gasolina, al amparo de poblaciones enteras que les dan protección física frente a los operativos de la autoridad.
El fenómeno se extiende por entidades como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, donde supuestos grupos de autodefensa son en realidad Insurgencias Criminales con control político y territorial total, lo que les ha permitido cooptar toda la matriz económica (legal e ilegal) de dichas zonas.
Para la autoridad el ¿cómo?, ¿el cuándo? Del tratamiento de estos grupos criminales requiere de un entendimiento profundo del fenómeno y el diseño de una estrategia integral enfocada en la base social de los mismos.
Según cita el propio fundador y director en Riskop, que “poner a estos grupos bajo la misma lógica que las organizaciones criminales tradicionales es un error que se ha cometido en el pasado, y que puede cometerse de nuevo al amparo de una estrategia de seguridad errada y simplista.”
Así que ojo, mucho ojo con estas supuestas amnistías y perdones presidenciales pues seguramente se abrirá un nicho de oportunidad para enfrentar esta crisis desde un enfoque diferente, o seguramente, se pagará duramente las consecuencias en un muy corto plazo.
La sociedad esta habida de resultados inmediatos y aun cuando estas nuevas autoridades pidan tiempo para ello, el pueblo no los va a esperar.
Al tiempo.
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