Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. El ayuntamiento de Xalapa interpuso y ratificó nueve denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presunto daño patrimonial de casi 96 millones de pesos.
De acuerdo con el contralor de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), Luis Guerrero García, las anomalías ocurrieron durante la administración municipal de Américo Zúñiga Martínez.
El dictamen del proceso entrega-recepción arrojó diversas observaciones de carácter administrativo, financiero y técnico.
De 2014 a 2017 fueron contratados diez servicios por concepto de consultoría a igual número de despachos, por los cuales se pagaron 15.5 millones de pesos.
«Estos contratos no fueron complementados en el sentido de que las empresas contratadas no cumplieron con los conceptos entregables que les exigía el contrato y que estaban plenamente establecidos en los mismos. Obviamente al no entregarse los productos, implica que estos no fueron realizados», añadió el funcionario municipal.
Sin embargo, los servicios contratados fueron pagados en su totalidad y finiquitados antes del 22 de diciembre de 2017.
«Por esa razón nos permite efectuar denuncias del orden penal ante la fiscalía del estado, no solo contra los servidores públicos que autorizaron estos pagos, sino también por los despachos, ahora el código penal así lo prevé».
En el ejercicio fiscal 2017 también se detectó la realización de gratificaciones extraordinarias al interior de CMAS, mismas que no estaban autorizadas, no se encontraban dentro de la nómina, no tenían registro de dispersiones y carecían del Comprobante Fiscal Digital (CFDI).
«Quiere decir que no pagaron impuestos, no pagaron prestaciones sociales y eran nóminas que no se reportaron en ningún momento en la contabilidad del organismo, por tanto, son gratificaciones no autorizadas, al margen de cualquier norma, de cualquier ley, y por tanto, se consideran ilegales», agregó Guerrero García.
En este rubro, se detectó un presunto daño patrimonial de 69 millones de pesos.
Las denuncias fueron presentadas el pasado 23 de junio en la FGE, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, y ratificadas el 6 de julio.
«Nos ha costado mucho tiempo para poder tener ya radicadas en la fiscalía las denuncias, ya están caminando, quizás haya habido algunos atrasos por las vacaciones, por algunas cuestiones de cambio de administración; sin embargo, ya han sido ratificadas por un servidor», enfatizó el Contralor de CMAS.
Las denuncias fueron integradas con miles de documentos presentados como pruebas, los cuales no solo fueron obtenidos de CMAS, sino también, de los bancos y de otras fuentes externas.
«Consideramos que todas pruebas son contundentes para demostrar todo lo que aquí estamos diciendo, esto no es una especulación, estos son datos que tenemos aquí soportados».
Además, en el tabulador de salarios autorizado en 2017, hubo 35 exfucionarios que cobraron más de lo que les habían asignado.
«El tabulador ni siquiera estaba autorizado y la plantilla estaba autorizada, pero con montos muy inferiores a los que estos personajes cobraron. Existen dos vertientes: el que autorizó los pagos y el que cobró más recursos, también incurre en el delito», subrayó.
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