Ni muy pronta ni muy expedita la justicia en este país. Resulta que desde que Arely Gómez era titular de la Procuraduría General de la República (PGR) se presentó una denuncia penal para que se abriera una carpeta de investigación por el probable daño patrimonial federal de 463 millones 636 mil 826 pesos, desfalco ocurrido en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte. Este dinero que entregó el Gobierno Federal era del Fondo Regional.
De acuerdo con el periódico El Universal este hallazgo «fue resultado de una auditoría practicada al gobierno estatal, a través de su Unidad de Operación Regional y Contraloría Social en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Veracruz». Digo, por si pensaban que Javier Duarte saldría de la cárcel durante el gobierno de Cuitláhuac García, aquí hay otro motivo para tenerlo preso mientras se investiga semejante desfalco.
Ya lo decíamos, no se trata de lavarse las manos y solamente dejar que la Fiscalía sea la que acuse y los jueces los que sentencien. Un gobernador diligente debe procurar que la ley se aplique. Un funcionario público como Duarte, que causó mucho daño al patrimonio de los veracruzanos, no debería ser tratado como alguien que robó un pan para dar de comer a su familia; Javier Duarte debe ser tratado como un criminal al que se le confió el bienestar y la seguridad de los veracruzanos, pero hizo todo lo contrario. ¡Merece una sanción ejemplar!
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