Édgar Hernández* /
¡Los saltimbanqui de la política, entre el poder y el dinero!
El proceso penal en el que fue involucrado el ex vocero de Javier Duarte, Alberto Silva de parte de la empresa Avanradio destapó otra cloaca.
Carlos Ferraez Centeno, responsable de los noticieros “En Contacto”, pasó de acusador a acusado al revelar el hoy diputado federal que hace cinco meses tiene interpuesta una demanda civil contra Ferraez por difamación y daño moral por un monto de 17 millones de pesos.
Silva Ramos hará pública asimismo la documentación que ampara los casi cien millones de pesos que recibió el empresario responsable del espacio informativo durante el gobierno de Javier Duarte.
“A Carlos Ferraez le fueron entregadas millonarias sumas en efectivo y en cheques con cargo al erario a lo largo del gobierno de Javier Duarte y ello está documentado y grabado”, dice.
Ya por lo pronto en una carta documento enviada ayer a los medios de comunicación, el controvertido político asegura y prueba que los actos que le imputan no ocurrieron durante la etapa en la que fungió como Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del gobierno.
Ello dio lugar a que solicitaría a la autoridad correspondiente el no ejercicio de la acción penal, lo cual le fue denegado.
Esto, sin embargo, aduce “de ninguna manera implica que ese juzgado primero de Distrito en el estado de Veracruz me haya negado el amparo y la protección de la justicia federal”.
En el documento hecho público subraya además que hasta el día de hoy no se ha resuelto de fondo el juicio de garantías con número de expediente 220/2018, de inconstitucional.
Esos son los hechos.
En busca de una ampliación del diferendo entre la empresa radiofónica y el ex funcionario y a petición expresa de éste reportero, la tarde de este martes 3 de abril recibió una información por escrito de Silva Ramos en donde da cuenta del origen del conflicto con Carlos Ferraez Centeno a partir de un adeudo no pagado por el gobierno de Javier Duarte por un monto de 14 millones de pesos en trámite en la secretaría de Finanzas.
“La relación de Avanoticias con el gobierno de Duarte siempre fue en los mejores términos financieros y más allá”, reseña tras destacar que en los espacios de noticias la información oficial era reseñada con puntualidad y siempre sometida al criterio editorial del gobierno.
Esa disposición informativa se pagó con creces y a cabalidad.
Todo lo que se facturaba y pactaba de manera verbal se cubría “así lo demuestran la documentación que acredita pagos cercanos a los cien millones de pesos”.
Sin embargo, al arranque del nuevo gobierno, la familia Ferraez da un viraje y bandea su simpatía pagada en favor del PRI la traslada al PAN, al PRD y al mismo Morena vendiendo su criterio editorial a cambio de favores políticos para la familia o con la entrega de obra pública.
Silva Ramos estima que la denuncia interpuesta por fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal de parte de Avanradio en su contra es interesada. “Se presenta además una demanda fuera de tiempo y forma y más de un año después de haber concluido el gobierno de Duarte”.
La acción, sostiene, responde a un mandato gubernamental para abonar elementos en su contra que abonen a un juicio de procedencia para retirarle el fuero y así cobrarse los agravios políticos llevándolo a prisión.
La otra versión.
El 25 de noviembre de 2017, debido al incumplimiento de un deber legal, fraude y abuso de autoridad, Avanoticias interpuso una denuncia contra Juan Octavio Pavón González y Alberto Silva Ramos, ex titulares de la Coordinación General del Comunicación Social (CGCS) del estado, ya que no pagaron los convenios acordados con esta empresa por el orden de 14 millones de pesos.
El apoderado legal de Avanoticias, Vidal Díaz Muñoz Velasco, interpuso la denuncia pertinente en la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, de la Fiscalía General del Estado.
En el documento también se nombra a Eutilio Quintero Arellano y Humberto Benítez Pérez, quienes se desempeñaron como jefes de la Unidad de Administración de CGCS, así como a Guadalupe Alicia Morales Morales, quien funge como Jefe de Medios de la misma dependencia.
Por el lado de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), se menciona a su ex titular, Antonio Gómez Pelegrín, el subsecretario de Administración y Finanzas, Juan Manuel del Castillo González; y el Tesorero, Arnulfo Octavio García Fragoso y quien resulte responsable.
El asunto había permanecido dormido hasta que en días pasados se anunció en la prensa afín al gobierno de Yunes Linares que se le había negado un amparo a Alberto Silva.
Ante tal acción con la respuesta arriba consignada.
Son pues, dos versiones de una realidad podrida en donde lo único que cuenta es el poder y el dinero.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
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