Armando Ortiz / En un tiempo hasta cinco personas podían imponer el caos en una ciudad, cinco personas eran suficientes para que con unas cartulinas reclamaran cualquier injusticia, solicitando audiencia para que se les atendiera. Cerrar una vía de comunicación, ya sea una calle céntrica o una carretera federal era cosa común, era una forma de presión no para conseguir el diálogo, sino para extorsionar al estado.
Pero algunos miembros del estado se dieron cuenta que cerrar vías de comunicación podía ser un buen negocio, de modo que cada miembro del gabinete se conseguía su grupo particular que se alquilaba para armar el caos y con ello obtener recursos de la partida para expresiones sociales, que en los dos sexenios anteriores existía. César del Ángel y sus 400 pueblos, Antonio Luna y su Partido Cardenista, Minerva Salcedo y su Antorcha Campesina, todos ellos tenían un precio por el que se prestaban para armar manifestaciones a conveniencia del gobernante. Pero estos grupos eran para quienes tenían mucho presupuesto. Los que no tenían tanto alquilaban a unas cuantas personas para cerrar las calles de la ciudad. Los mismos que se hacían pasar por periodistas, los que andaban de pedinches, sacando algún billete al funcionario que se encontraban en la calle, esos por 200 pesos se pasaban todo el día cerrando una calle, beneficiando al funcionario que pedía su tajada de la partida para expresiones sociales.
Manifestaciones legítimas, manifestaciones ilegítimas
Todas estas manifestaciones ilegítimas opacaban a las manifestaciones legítimas: ¿Qué las hay? Los jubilados y pensionados, por ejemplo, los estudiantes y maestros de la Universidad Veracruzana, los maestros en contra de la Reforma Educativa. Ante esto, ¿quién determina que manifestación es legítima o ilegítima? El derecho a manifestarse es un derecho humano que debe respetarse. Hasta el momento no hay una ley en México que prohíba la libre manifestación o las marchas. Si bien lo que ha habido es un intento por regular las marchas. Sin embargo, en nuestro estado, durante los sexenios pasados cerrar calles, avenidas y carreteras se volvió un gran negocio. Por supuesto los que padecían estos cierres eran los ciudadanos.
En este sexenio se tomó la decisión de no permitir bloqueos a las vías de comunicación. La firmeza de las primeras acciones mostró que se estaba hablando en serio, que no era sólo un asunto político o la ley de un día. Los primeros que se atrevieron a bloquear carreteras ya están en la cárcel, por delitos que tienen que ver con “ataques a las vías de comunicación”. En adelante no se ha permitido cerrar calles de manera arbitraria, aunque, hay que decirlo, no es fácil mantener el equilibrio entre respetar el derecho de manifestarse, y hacer valer la ley en contra de los ataques a las vías de comunicación. Los que bloquean una carretera e imponen el caos siempre van a alegar que tienen el derecho a manifestarse y para ellos ese derecho está por encima del derecho de libre tránsito de los demás; ese derecho a manifestarse está por encima del tiempo que roban a las personas, por encima de cualquier urgencia que tenga una persona.
Misantla 22 de marzo, el diálogo no se dio
Lo sucedido en Misantla el 22 de marzo, en donde un grupo de manifestantes, cerró la entrada a la ciudad, protestando en el Día Mundial del Agua, queriéndose hacer oír ante la presencia del presidente Peña Nieto, resultó ser una prueba en la que queda claro que no es fácil mantener el equilibrio en el tema. En primer lugar, hay que llamar la atención a la conducta irresponsable de quienes encabezaron esa manifestación, sobre todo a Álvaro Jiménez García, quienes pusieron en riesgo a mujeres y niños, pues este sujeto sabía que si cerraba la carretera que daba entrada a Misantla los iban a desalojar por la fuerza. Las primeras pedradas fueron de los manifestantes a los policías, quienes ya estaban usando la fuerza para desalojarlos. En ese momento se debió poner a resguardo a las mujeres y niños, pero no, antes bien los usaron de escudo. De forma incorrecta, la respuesta de algunos policías fue de regresar las pedradas; fue instintivo, júzguelo usted en los vídeos, al final hubo descalabrados de los dos bandos, tanto manifestantes como policías.
Todo se hubiera arreglado si hubiera imperado el diálogo. Pero unos no quisieron librar la vía de comunicación para después dialogar, y los otros tenían la orden de librar la vía de comunicación. El equilibrio no se dio. La autoridad quedó mal ante cierto sector de la sociedad, los manifestantes quedaron mal, los líderes quedaron mal, y al final nadie ganó; y es que no se trataba de ver quien tenía la razón, sino de quién en realidad quería dialogar, y al parecer nadie pudo dialogar.
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