Si un médico se atreve a operar a un paciente sólo por lo que digan sus familiares o por la apariencia del enfermo, y éste no hace un análisis clínico completo, tenga la seguridad que el médico, tarde o temprano, cosechará las consecuencias. Cuando Enrique Peña Nieto, sin un diagnóstico sesudo y concienzudo, intentó elevar la calidad en la educación mediante la Reforma Educativa, nunca se imaginó que estaba aplicando el remedio equivocado.
Es cierto que arrebató una mullida parcela de poder al corrupto sindicato magisterial (SNTE), al quitarle la rectoría en las 32 entidades federativas. El mismo Carlos Ornelas advertía: «El gobierno de la educación básica está colonizado por fieles del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y hay una percepción generalizada de que en el sector educativo reina una corrupción aguda». Hasta ahí la Reforma Educativa pintaba bien, sin embargo, esta también llevaba en su vientre un caballo de Troya: la Ley del Servicio Profesional Docente.
Una ley que limitó a los docentes nuevos y obligó a los viejos a jubilarse. Una ley que atentaba contra la plaza base y daba paso a los contratos laborales de cuatro años. Una ley que marginó a las escuelas normalistas del país y privilegió a las universidades como nuevos invitados a dar clases a las aulas. Hoy, a cinco años de su gobierno, la Reforma Educativa tiene que ser reformada nuevamente. No hay de otra.
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