Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. La Fiscalía General del Estado (FGE) violentó el derecho a la libertad de cátedra, al citar de manera obligatoria a académicos que revelan cifras desalentadoras para el gobierno por inseguridad.
Así lo consideró Francisco Jiménez Bautista, investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España, quien añadió que dicha situación corresponde a una «represión política».
«Hay una cosa que se llama la libertad de cátedra, de los profesores, nosotros podemos estar equivocados, pero para poder tener opinión y para poder opinar libremente debemos tener la libertad de cátedra. Son derechos que están en las constituciones para que los profesores podamos construir conocimientos libremente».
La libertad de cátedra está contemplada en el Artículo 20 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
El pasado jueves 22 de febrero, la investigadora de la Universidad Veracruzana (UV) y excandidata a la Rectoría de la misma, Rosío Córdova Plaza, fue interrumpida por policías ministeriales en un evento celebrado en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIHS), donde revelaba los resultados preliminares del proyecto “UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”.
Le entregaron un citatorio y amagaron con aplicar la fuerza pública en caso de que no acudiera a las oficinas de la FGE, el viernes 23 de febrero, a las seis de la tarde.
La académica había hecho público que, mediante un estudio y la aplicación de encuestas, se obtuvo información sobre 27 estudiantes de la UV que habían sido víctimas de secuestro.
Situación de la que se deslindó, mediante un comunicado, la rectora de la máxima casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara González, quien ha sido criticada por su cercanía al gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Y es que Córdova Plaza también es esposa del actual alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero -emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)-, quien fue investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo), declaró públicamente hace unos meses sobre los recientes feminicidios en el Santuario de las Garzas y también fue requerido por la Fiscalía de Veracruz.
«Lo grave en México es que se utiliza a la fiscalía para acabar con determinados políticos, es la autorización política por parte de las instituciones, del Estado, para aniquilar a ciertas personas. Es una estrategia mediática, desde los responsables del poder, a través de los medios de comunicación, para eliminar a determinadas personas que puedan poner en peligro los privilegios de determinada casta», añadió el académico español.
A su juicio, este tipo de casos solo se presentan en países «corruptos» como México, mismos que resultan inaceptables en Estados Unidos y Europa.
«Esto solo suele suceder en países donde la política quiere controlar toda la sociedad. Son resultados de una investigación y muchas veces no les gusta lo que sale, pero es lo que realmente existe».
Cabe recordar que Rosío Córdova compareció en la FGE y ésta cerró el caso por presuntos secuestros en la UV.
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