Interesante lo que dice Yolli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información sobre el tema de las redes sociales y los funcionarios públicos. En un amplio artículo publicado en el portal Al Calor Político, la comisionada señala que los funcionarios que bloquean a los usuarios de sus redes sociales violan la libertad de expresión. Ella elabora su argumentación, entre otras cosas, basada en los fallos de algunos juzgados de distrito, como el de Sonora, que obligó al alcalde de Nogales a desbloquear a un usuario que se sintió agraviado al ser bloqueado por el funcionario.
García Álvarez dice además que nada obliga a un funcionario público a abrir una cuenta en redes sociales, pero si éste así lo ha decidido y utiliza la red para difundir su trabajo, haciendo a un lado su intimidad, la ley lo obliga a «garantizar el acceso a ella a cualquier persona en términos de la normativa en referencia». Aquellos que abogan porque esta norma se cumpla a cabalidad, olvidan que más del 75 por ciento de los usuarios en redes sociales son unos imbéciles. Umberto Eco lo profetizó, las redes sociales «generan una legión de imbéciles».
Tomando en cuenta esto, un personaje público no podrá depurara su lista de contactos, así se le haya sumado una jauría de imbéciles que malinterpretan los mensajes que el ponga en sus redes. Pero la malinterpretación es lo de menos, porque habla de las deficiencias intelectuales de algunos usuarios, algunos tergiversan esos mensajes y hasta lo utilizan en contra del personaje público. ¿Alguien ha tomado en cuenta eso?
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