En la política mexicana el concepto de ‘chivo expiatorio’ se le da a una persona o grupo de ellas a quienes se quiere hacer culpables de algo de lo que no son, sirviendo así de excusa a los fines del inculpador. Desgraciadamente esa es la manera que el Gobierno Federal ha utilizado durante todo su mandato. Y es que este apelativo se emplea para calificar a aquellos sobre quienes se aplica injustamente una acusación o condena para impedir que los auténticos responsables sean juzgados o para satisfacer la necesidad de condena ante la falta de culpables.
Tal es el caso de Marco Antonio Sierra Martínez, quien recibía órdenes directas de Emilio Lozoya. Este funcionario fue sancionado con una multa de 119 millones de pesos por el caso Odebrecht e inhabilitado por 10 años, al menos eso informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Por cierto, la que se ufanó ante los medios fue Arely Gómez González, titular de la SFP, quien dijo que México es el único país en sancionar a la empresa Odebrecht. Sin embargo, ninguna institución se ha atrevido a tocar al amigo del presidente Peña. Por más esfuerzos que hagan, mientras al amigo presidencial no le finquen responsabilidades, la sospecha de impunidad les seguirá como sombra.
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