Algo se rompió en el país, algo se desarticuló a tal grado que este 2017 resultó ser el más violento en lo que va de la administración de Peña Nieto. Vaya usted a saber si la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán haya tenido que ver en ello, vaya usted a saber si el alza de crímenes se deba a razones sociales o a la ineficiencia de las policías; vaya usted a saber si el nuevo código penal, que beneficia más a los delincuentes que a los ciudadanos, tenga que ver en ello.
El caso es que en este país cada 18 minutos una persona muere asesinada. Todo mundo reconoce que hay un gran tráfico de armas que provienen de los Estados Unidos; todo mundo lo reconoce, pero pocos hacen algo al respecto. Son pocos los estados que se salvan, Tamaulipas, Durango y Coahuila, el resto de estados en la República tuvo un aumento en el índice de asesinatos dolosos. La solución no debe de ser fácil, pero si el problema no está bien diagnosticado, será difícil que se aplique alguna medicina.
Pero aún, si las autoridades están coludidas con los delincuentes, entonces no habrá cura que sane este país. Lo que nos queda es tomar nuestras propias precauciones, así alejaremos la posibilidad de caer en manos de los delincuentes. Sin embargo, es el Estado el que debería garantizarnos esa seguridad, pero en este caso, como se muestra en cifras, el Estado está siendo rebasado.
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