Frenan proyecto minero La Paila por cuestiones electorales: Lavida

Paila
El proyecto minero La Paila, antes conocido como Caballo Blanco, fue detenido de manera temporal por fines políticos y electorales; sin embargo, el año próximo podría reactivarse. Así lo denunció Emilio Rodríguez, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) FOTO: JUAN DAVID CASTILLA
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Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. El proyecto minero La Paila, antes conocido como Caballo Blanco, fue detenido de manera temporal por fines políticos y electorales; sin embargo, el año próximo podría reactivarse.

Así lo denunció Emilio Rodríguez, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), quien añadió que la actividad minera no tiene precedente.

«La empresa se topó con argumentación técnica y científica contundente. Se topó también con la voluntad de los veracruzanos y con los pronunciamientos que se hicieron. La minería no tiene la licencia de operación en Veracruz y no la va a tener, ese hecho es irreversible y por eso nosotros les requerimos que se desistan de sus concesiones, que no vamos a cesar en nuestra defensa del medio ambiente y que vamos a continuar por la vía pacífica y por la vía de la defensa de nuestros derechos para que estás actividades no se desarrolle en la región».

En conferencia de prensa, realizada en el café-teatro Tierra Luna, el activista mencionó que la minera Caballo Blanco S. A. De C. V. está a la espera de coyunturas viables para la explotación de oro, plata y cobre en la región de Alto Lucero y Actopan.

«Lo cierto es que esto no significa que la empresa se haya ido, esto significa que la empresa está preparando el escenario para futuras coyunturas, para próximos años y sin duda van a estar haciendo una fuerte presión al gobierno del estado, al gobierno federal, a los gobiernos municipales para que estos proyectos se instalen».

El proyecto se encuentra a tres kilómetros de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde y la concesión para la minera y comprende 300 hectáreas.

«Nosotros hemos hecho las denuncias ante las instancias correspondientes a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por las actividades de exploración que está desarrollando Almaden Minerals, hicimos las mismas denuncias hace cinco años y estamos reiterando que la norma 120 lastima a los derechos humanos de las personas y es totalmente inviable que la Semarnat siga actuando de esa manera».

Emilio Rodríguez refirió que las autoridades deben exigir a las empresas mineras estudios más «serios», para evitar daños irreparables al medio ambiente.

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