Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
¿Y si renuncia? *** No, no es broma. Miguel Ángel Yunes Linares debe hacer un ejercicio de introspección y entender que la gubernatura le llegó demasiado tarde, que ya no posee la energía, ni la lucidez para hacer frente a un reto que resultó más, mucho más complejo de lo que él mismo imaginaba. *** Contrario a lo que muchos piensan, la Constitución local lo permite. El tercer párrafo del Artículo 44 lo estipula: “El cargo de Gobernador del Estado sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso del Estado”. Y vaya que hay “causas graves” por las que se justificaría esa renuncia. *** Así pues, Yunes Linares tendría que considerarlo seriamente. La seguridad (una de sus “especialidades”) se ha convertido en su peor dolor de cabeza. No tiene control alguno, no hay delincuente en la entidad que le tenga temor –ya no digamos “respeto”- a las fuerzas del orden. Está mal si piensa que comprando “juguetitos nuevos” la policía estatal habrá de mejorar. *** Faltan capacitación y compromiso, falta inteligencia en sus mandos, falta experiencia y falta valor. *** Yunes Linares pidió los primeros seis meses de su gobierno, como plazo para que se empezaran a percibir avances en materia de seguridad. Prometió que colocaría al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a alguien con formación militar, con experiencia y capacidad en esas tareas. *** Los seis meses ya pasaron y la población percibió un cambio, notó que la violencia y la inseguridad aumentaron. Al frente de la dependencia encargada de velar por la paz de los veracruzanos colocó a su amigo, uno de sus más eficaces operadores electorales, cuya experiencia en el área era su paso por la Dirección de Tránsito estatal y en el municipio de Boca del Río. *** Yunes Linares le mintió a la gente y hoy padecemos las consecuencias. Justo es que considere con seriedad la opción de su salida. Equivocarse es de humanos, y es de sabios rectificar.
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El 10 de septiembre del 2016, un mes antes de que solicitara licencia con el objetivo de ‘‘limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia”, su nombre y el de su familia, Javier Duarte reaccionó en redes sociales a la ola de violencia que se suscitaba en aquel momento en la cuenca del Papaloapan.
El entonces gobernador aseguró en su cuenta de Twitter que la violencia se debía a la pugna por el robo de hidrocarburos: “la violencia en #TierraBlanca #PlayaVicente #JoséAzueta #Isla y #RguezClara tiene su origen en la pugna por el robo de hidrocarburos”, escribió, y añadió: “He instruido a las instituciones estatales la plena colaboración con las federales, a efecto de combatir el delito de robo de hidrocarburos. Exhorto a la @PGR_mx y a la @FGE_Veracruz a investigar el destino del combustible robado, ahí está la solución del problema«. Y remató: “Si no hay mercado para el combustible robado no hay robo; si no hay robo no hay pugna, y sin pugna no hay violencia«.
Este domingo, casi un año después, el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, llegó a la misma conclusión:
“Han sido varios hechos de violencia graves, atentados contra personas, ejecuciones en la zona de Córdoba, Cuitláhuac, Yanga, que tienen que ver con el mismo origen, con el mismo hecho delictivo, fundamentalmente, el tráfico de combustible robado”.
¿Y entonces?
¿Qué sigue?
Ya sabemos el motivo de tanta muerte. ¿Qué toca? ¿Sentarnos en el umbral de nuestra casa a esperar que pase el cadáver de nuestro enemigo?
Desde el mes de diciembre, en una reunión sobre seguridad, el gobernador de Veracruz informó que trabajaban para reducir el robo de combustible; dijo que en esas labores detectaron no sólo la forma de operación de esas bandas, sino también a los grupos de transportistas que adquieren combustible robado a menor precio.
“En el caso de robo de combustible se va avanzando en conocimiento de responsables y modelo de distribución del combustible robado, de tal manera que hemos encontrado vinculación del crimen organizado y estructuras de transporte público que compran combustible robado y están debidamente identificadas”.
Ocho meses después, el problema no sólo sigue ahí, sino que se ha agudizado.
El 28 de marzo del presente año, Yunes Linares, anunció la llegada de 50 elementos para reforzar la seguridad en Córdoba. Esa fue su reacción luego de que se conociera un asesinato cometido en el interior del mercado Revolución, de Córdoba, a plena luz del día.
Este domingo, luego de que se suscitara otro ataque, ahora en el estacionamiento de la Plaza Crystal, en el que falleció un adulto y una niña de escasos cinco años de edad, el gobernador justificó el hecho, con el argumento de que el sujeto ejecutado era un delincuente, y anunció el envío de otros cien elementos de la policía estatal a Córdoba, la próxima creación de la policía municipal, la instalación “este mismo año” de cien cámaras de vigilancia, la entrega de ocho patrullas a la Policía Militar y de dos más a la Policía Estatal.
¿Con eso podrán dormir tranquilos los ciudadanos de bien en la zona centro?
¿Pueden confiar en que nada les pasará, porque lo único que sucede es que se están matando entre los malos?
¿Y qué medidas tomará en el sur?
La madrugada del domingo fue descubierto un triple homicidio, en la colonia Lomas de Barrillas del sector poniente de Coatzacoalcos. Las tres víctimas presentaban señales de tortura y a todos los mataron cortándoles el cuello.
Debe ser muy difícil, para alguien que acumula tanta soberbia, admitir que no ha sido capaz de cumplir en su trabajo.
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Epílogo.
En el ejido La Joya de Ayotzin, del municipio de Atzacan, fue localizada una fosa clandestina, donde se encontraron los restos de cinco personas. Ya fueron identificados. Se trata de cinco jóvenes (cuatro hombres y una mujer), todos vecinos de las unidades habitacionales Potrerillo I y III, de Ixtaczoquitlán. Los cinco cuerpos estaban decapitados y desmembrados. Apenas hace tres semanas, el 19 de agosto, sujetos armados y con sus rostros cubiertos con pasamontañas, sacaron a estos jóvenes de tres viviendas. No, no todas las fosas clandestinas se las pueden achacar a Javier Duarte. Las nuevas autoridades ya están sumando las propias. *** Y para mayor información, sólo hay que poner atención a lo dicho por la representante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Solecito”, Lucía de los Ángeles Díaz, quien se quejó de que la actual Fiscalía General del Estado (FGE) comete las mismas omisiones en los casos de desapariciones y lamentó que Veracruz tenga un fiscal sin conocimiento de los derechos humanos y que oculta las desapariciones ocurridas en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Dijo que el fiscal Jorge Winckler da cifras de desaparecidos, pero sólo de las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, y omite hablar de lo que pasa actualmente. *** Ya se gastaron el saldo de deslinde que les había dejado el gobierno de Duarte. Hoy las nuevas autoridades de Veracruz deben responder por sus actos… y por sus omisiones.
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