Amenazas de la ultraderecha furibunda

Aborto
Feministas y religiosos se enfrentan a gritos en el Congreso del Estado para influir en la decisión de diputados locales de rechazar o aprobar, respectivamente, la reforma al artículo cuarto de la Constitución de Veracruz, que penaliza el aborto
- en Opinión

Aurelio Contreras Moreno / Los sectores de la ultraderecha católica más radical siguen presionando y amenazando a la autoridad en Veracruz, incluso con boicots electorales, para imponer su agenda, como si representaran a toda la población del estado.

El brazo civil visible de la jerarquía del clero católico veracruzano, un organismo denominado “Sí Vida, Sí Familia”, encabezado formalmente por un sujeto de nombre Arturo Segovia Flores, ha emprendido una feroz campaña, apoyada desde la oscuridad por la Arquidiócesis de Xalapa, para amedrentar a los poderes del estado y a los partidos políticos con el objetivo de que no se legisle en materia de matrimonios igualitarios, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y la despenalización del aborto.

A través de airados y amenazadores boletines, este organismo ha puesto de rodillas a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, como antes lo hizo con la de Javier Duarte de Ochoa, para imponer a nivel de rango constitucional su particular visión de la vida a toda la población veracruzana.

En febrero de este año bastó que, también mediante un boletín, se le lanzaran con todo al gobierno estatal por la promulgación de una nueva carta matrimonial en la cual se reconocían las uniones civiles entre dos personas –y no entre un hombre y una mujer-, para que cinco días después de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, el gobernador Yunes Linares, que acostumbra ser muy “echado para adelante” en algunos temas, en éste reculara de inmediato y ordenara abrogar el documento.

Pero los radicales reaccionarios no quedaron satisfechos. De la misma manera que lo hicieron con Javier Duarte, “Sí Vida” y la alta jerarquía del clero católico detrás de este organismo comenzaron a chantajear al gobierno estatal con llamar a un boicot contra los candidatos de la alianza PAN-PRD, ya que según ellos, el régimen pretende legalizar el aborto y las uniones civiles homosexuales, en una intromisión encubierta –y por ende, hipócrita- de la Iglesia en asuntos electorales, que legalmente le están vedados, todavía, en este país.

La más reciente embestida mediática de este grupo reaccionario es contra la visita al Congreso del Estado del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, a quien Arturo Segovia se refirió en términos de “funcionario de tercer nivel”, “burócrata de la ONU” y “bribón”, por sus críticas a la marcha atrás del Gobierno Federal en su intención de legislar los matrimonios igualitarios –a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los declaró constitucionales- y a la regresión que significó la reforma a la Constitución de Veracruz promovida por Javier Duarte para “proteger la vida” desde la concepción, y con ello criminalizar a las mujeres que se practiquen un aborto.

Segovia fue más allá al amenazar con ir a “dar un recibimiento” a Jan Jarab este miércoles en el Congreso del Estado, y todavía se dio a sí mismo la “atribución” de declarar “persona non grata” al funcionario de la ONU.

La oleada conservadora que recorre al mundo ha engallado a grupos reaccionarios como “Sí Vida” y a sus promotores en el clero, al grado de que asustan con el “petate del muerto” y argumentos fascistoides a gobernantes comodinos, que han preferido someterse a los designios de estos grupos por miedo a consecuencias políticas, que respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México y la misma jurisprudencia que existe en las leyes mexicanas. Allá el gobernador y los diputados locales si se dejan chantajear otra vez.

Los simpatizantes de las ideas más conservadoras están en su absoluto derecho de practicarlas en su fuero personal. Pero de ninguna manera de imponérselas a toda la población de un estado o un país. Mucho menos, de evitar que siquiera se discuta aquello con lo que no están de acuerdo. El Medioevo terminó hace tiempo.

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