Armando Arrieta: cuando escribir es mortal

Poza
El comunicador Armando Arrieta Granados fue baleado esta madrugada cuando llegaba a su domicilio ubicado en la privada pozo 13 esquina avenida Pozo de la Colonia Agustín Lara de esta ciudad FOTO: AMBROSIO PABLO
- en Opinión

Mussio Cárdenas Arellano /

* Atentado al reportero de La Opinión  * Cuatro balazos lo mantienen entre la vida y la muerte  * 12 años después, el crimen de Raúl Gibb sigue impune  * ¿Mensaje para quién?  * Se fue el Juez Porky  * Pudo conceder un amparo para efectos  * Andrea se da un tiro en el pie  * Lázaro y Cuauhtémoc, y los Alemán, también son monarquía  * Morena: las diputadas y sus amantes

De 2005 a la fecha, La Opinión de Poza Rica se fue quedando inerme, sin medidas cautelares, desprotegida, en la mira de los violentos que en el despunte del fidelismo arrancaron la vida de su director, Raúl Gibb. Hoy la historia se vuelve a repetir.

Su jefe de redacción, Armando Arrieta Granados, llegaba a su hogar, a eso de las 2 de la mañana, este miércoles 29, cuando sintió el guiño de la muerte: recibió cuatro disparos, uno en el cuello, otros en la espalda, uno más en la cintura.

Atacado, postrado en tierra, lo inundaba la sangre que brotaba profusamente de su cuerpo mientras saturaba uno de sus pulmones. Lo paralizaba el dolor, el shock que impone, saberse a instantes de morir, sin qué decir ni cómo reaccionar.

Auxiliado por su esposa, resistió. Y minutos después una ambulancia lo trasladó a la Cruz Roja. Ahí se contuvo el desenlace. Ahí lograron estabilizarlo. Ahí se evitó, por lo menos hasta ahora, que Armando Arrieta se convierta en el periodista número 21 en morir violentamente en Veracruz.

Se cimbra de nuevo el gremio de prensa que en un mes ha visto caer a Ricardo Monluí Cabrera, columnista y director de El Político, en Yanga, en la zona montañosa occidental, y ver baleado, aunque con su vida y fuera de peligro, a Israel Hernández, del diario Imagen de Veracruz, mientras cubría un enfrentamiento entre obreros de la empresa Tamsa.

Sacude lo de Arrieta Granados y, más aún, saber que La Opinión de Poza Rica, tan golpeada como ha sido, dejó de contar con medidas cautelares que debió otorgar el gobierno federal y que debió garantizar el de Veracruz desde aquel infausto 8 de abril de 2005 en que Raúl Gibb Guerrero, su director, fue emboscado a 200 metros de su hogar, en el fraccionamiento Halliburton.

Doce años después, la impunidad sigue. Nunca se dio con los culpables. Nunca se le hizo justicia a Raúl Gibb.

Tras el crimen de Raúl Gibb se estableció férrea vigilancia en el rotativo. Gozaba de seguridad pero al paso del tiempo se relajó la protección.

“Se habían suavizado (las medidas de seguridad)  —dice Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas, al portal e-consulta—, pero de manera reciente se solicitó la intervención para el periódico en general pero del Mecanismo Federal. Estamos solicitando información para hacer el cruce, y saber qué es lo que habían solicitado y ver cuál era el factor de riesgo, en que se da esta solicitud”.

Hoy, la CEAPP otorga ya las medidas cautelares a la familia del jefe de redacción del periódico de los Gibb y revisa en qué nivel se hallan las de carácter federal, si existen o no, si La Opinión estaba bajo asedio, amenazados sus integrantes o no.

“Armando Arrieta no estaba bajo protección de la CEAPP, y se investiga si la Feadle habría brindado seguridad personal al periodista” agregó Ana Laura.

Arrieta Granados ha sido parte de La Opinión de Poza Rica desde hace 20 años. Le tocó enfrentar el crimen de su director, el clima de crispación, las pistas falsas y las pistas reales, las líneas de investigación, la sospecha fundada y al final, la impunidad.

Le tocó ser subdirector editorial y ver la disputa de los herederos de Raúl Gibb por el medio de comunicación líder en el norte de Veracruz, el asalto al poder, accionistas despojados y otros audaces que ejercieron control hasta que una acción policíaca devolvió el rotativo a la familia Gibb.

Por Armando Arrieta pasó la película de los presuntos culpables. Que si hubo amenaza y amago previo al crimen de Gibb. Que si fue Fidel Herrera, entonces gobernador. Que si un sobrino estuvo implicado y huyó. Que si fue autoría de Martín Rojas, empresario al que La Opinión de Poza Rica le documentaba vínculos con chupaductos, deportado a México pero sólo para responder por delitos fiscales. Que si el verdadero asesino fue Francisco “Pancho” Colorado Cessa, el narco empresario ligado al Cisne Alberto Silva Ramos, que hoy purga condena de 20 años en una prisión texano por lavar dinero para el grupo delincuencial Los Zetas.

Testigo de la impunidad, Armando Arrieta un día enero de 2007 expresó: “Los periodistas de Veracruz no gozamos de las mismas garantías que nuestros colegas del DF, por la sencilla razón de que no tenemos el mismo nivel de influencia ante la sociedad. El asesinato de Raúl Gibb, director de La Opinión, nos mostró nuestra vulnerabilidad”.

Y así es.

Hasta la medianoche del martes 28, Armando Arrieta veía pasar la vida y, más allá, la injusticia, la desigualdad que domina a Veracruz, el reino de los violentos, el oasis de los corruptos, la justicia torcida y la ley fracturada.

Dos horas más tarde, se transformó en protagonista de su electrizante historia. Recibió cuatro impactos de bala y milagrosamente no murió. Su estado es grave. De Poza Rica, donde en la Cruz Roja contuvieron el desenlace, fue trasladado en helicóptero al puerto de Veracruz.

Su pronóstico es dramático: un pulmón quedó saturado de sangre, que se coaguló, y dos de las balas que permanecían en el cuerpo al parecer eran expansivas.

Ofrece el gobernador Miguel Ángel Yunes que habrá acción legal, que se protegerá a Armando Arrieta y a su familia, que es su amigo de 30 años, que no habrá impunidad y que pronto se dará con los culpables.

Sí, pero también hay incredulidad. Y los reclamos van y vienen. Se percibe la vulnerabilidad del gremio, la indefensión ante el ataque mortal, en la mira quienes recogen la noticia, los que comentan y analizan la terrible realidad de Veracruz.

Cunde el desánimo, y más la condena al estado de agresión que hace recordar que así comenzó el gobierno de Javier Duarte hasta alcanzar cifra récord en crímenes de periodistas.

Manuel Rosete, en Apuntes, expone:

“El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas (CEAPP), Jorge Morales, comentó ayer que en los últimos años hay por lo menos 51 expedientes de ataques en contra de reporteros de Veracruz. Se incluyen la privación de la libertad, amenazas, lesiones, robo y desapariciones.

“Dijo que la situación es preocupante. Solo durante los últimos tres meses, se han reportado tres ataques a periodistas: Ricardo Monlui Cabrera, reportero asesinado de Córdoba; Israel Hernández, reportero baleado en un conflicto obrero, y ahora el ataque a balazos contra el jefe de redacción de La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta.

“Además, comentó que hay una alta incidencia de amenazas en contra de reporteros: ‘Sabemos que en el estado hay una debilidad y descomposición de las instituciones, hay fragilidad en el estado de derecho, los grupos delictivos en el estado que han ampliado sus actividades, y la impunidad es un elemento también’ ”.

Otro periodista que reclama acciones, no promesas, es Bernardo Gutiérrez Parra, autor de Desde el Café:

“En tres meses y medio del gobierno de Yunes ha habido tres atentados contra periodistas. De a uno por mes en promedio.

“Inútil clamar por protección; inútil exigir justicia.

“No exagero al decir que quienes nos dedicamos a este oficio en Veracruz andamos sólo con la bendición de Dios, porque del gobierno estatal no hemos recibido más que desprecio.

“En lugar de apoyo, invariablemente viene el choro que hemos escuchado hasta la saciedad: ‘La Fiscalía General del Estado ha iniciado ya las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables de este cobarde atentado que no debe quedar impune. Respeto plenamente la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo. Me encuentro sumamente preocupado por los hechos recientes en contra de comunicadores’, dijo el gobernador.

“Pero ya no queremos oír eso, gobernador. Ya basta de frases retóricas. Lo que exigimos es seguridad, seguridad, seguridad.

“Eso fue lo que prometió a los veracruzanos. Y por eso es que votaron por usted un millón 55 mil 544 incautos”.

Crece la violencia contra los medios, en la mira de los malosos quienes realizan periodismo crítico, sin nada que pueda preservar su trabajo profesional, porque quienes atacan saben que hay impunidad. Y si hay impunidad, si no hay castigo, se puede volver a matar.

Flotan las preguntas en el gremio y no hay respuesta: ¿Qué provocó el ataque a Arrieta? ¿Sus textos periodísticos, la línea editorial de La Opinión, los intereses afectados, incluso desde que Raúl Gibb vivía? ¿O es un mensaje? ¿Mensaje para quién? ¿De parte de quién? ¿Y por qué?

Hay otra hipótesis sobre la oleada de violencia al periodismo de Veracruz: la mano del duartismo y la fidelidad, la que se alió con el crimen organizado, la que hizo negocio con la inseguridad, la que se enriqueció con el paso de migrantes, o con su exterminio, o con el tráfico de droga, o con el secuestro y la extorsión.

Lo que se urde en las sombras es perverso y demencial: que se caliente Veracruz a costa de la sangre de los periodistas.

Pinta esto peor que en el duartismo. Allá, los crisis estalló en junio de 2011 cuando apareció el cuerpo de Noel López Olguín y fueron masacrados Milo Vela, su esposa Agustina Solana, y su hijo Misael.

Acá, van tres agresiones en marzo: el crimen de Ricardo Monlui, el disparo que recibió Israel Hernández, sin saldo mortal, y el atentado a Armando Arrieta.

¿Quién sigue?

Archivo muerto

Devastador el efecto Porky. Sacude al Poder Judicial Federal, lo maltrata, exhibiendo sus taras y sus vicios, el manejo errático de un caso que pega en la fibra sensible de la población femenil: el ataque sexual. Si Anuar González Hemadi, el juez de distrito, hubiera concedido un amparo para efectos, no liso y llano como lo hizo, habría tenido menor impacto. Pudo ordenar la reposición del proceso. Pudo enfatizar que no se emitió correctamente la orden de aprehensión porque más que pederastia, es abuso sexual. Consultados al respecto, diversos abogados coinciden en que Anuar González se inmoló inútilmente. ¿Qué lo obligó a conceder un amparo liso y llano? Más allá del razonamiento jurídico, de la inconsistencia de las pruebas, de la fragilidad del caso Porkys, están las formas. Con un amparo para efectos pudo cumplir y salvar el pellejo. Pero no. El plan era allanarle el camino a la libertad a un mequetrefe que de antemano ya está condenado por la sociedad. Diego Cruz Alonso es el que tocaba los senos, el que metía la mano bajo la falda, el que introducía los dedos en la vagina, pero no mostró deseo carnal, pero no fue lascivo, no tuvo intención sexual. Así está en la sentencia. Y eso ya lo condenó. Denostado en las redes, tildado de Juez Porky, Anuar González renunció a seguir con el otro amparo, el de Enrique Capitaine, que por lo que se ve iría en el mismo sentido que el Diego Cruz. Horas después, el Consejo de la Judicatura lo suspendió e inició una investigación administrativa. Así se estila para salvar a los suyos. Simulan que es castigo y los cobijan. Ya palpó el Poder Judicial que si se trata de incendiar las redes sociales, basta un amparo que agravie y lo demás lo hacen los internautas… Se le creía más inteligente. No lo es. Hurgando en la herida de los Yunes, dice Andrea, la hija del senador Héctor Yunes Landa, que no aspira a la alcaldía de Veracruz pues su familia es demócrata, no monárquica. Con lenguaje de Peje, parafraseó al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con aquello de que el clan Yunes-Linares-Márquez es la monarquía azul y de pasó evadió contender contra su primo hermano, el senador con licencia, Fernando Yunes Márquez. Pero erró Andrea. Y por partida doble. Su familia, la de los Yunes Landa, no es demócrata, es corrupta. Usar disfraz de policía del IPAX como lo hicieron su abuelo y sus tíos para obtener permisos de portación de armas, insertarse en la estructura de la corporación, mentirle a la Sedena, es un acto de transgrede la ley y que pronto estará en los tribunales. Y eso es corrupción. Así no se puede ser demócrata. Y si monarquías habla, tiene dos ejemplos en el PRI: Lázaro Cárdenas y su hijo Cuauhtémoc, uno presidente, el otro gobernador de Michoacán y ganador de la elección presidencial en 1988, robada por el salinismo al que por cierto sirve Héctor Yunes; el otro es más cercano, son los Alemán, don Miguel Alemán Valdés, gobernador y presidente de México, y su hijo Miguel Alemán Velasco, senador y gobernador de Veracruz. O sea, son monárquicos los Yunes y no son monárquicos don Lázaro y su hijo, ni los Alemán. Buen tema para Andrea Yunes, quien un día aspiró a ser la “chofera” de su tío Miguel, según su whatsapp… Dardo letal el de Rogelio Martínez Hernández: en Morena las diputadas imponen a sus amantes. Del Facebook de quien en la elección federal fue representante de Rocío Nahle García a la diputación por Morena en el distrito de Coatzacoalcos: “Hay una serie en Netflix, se llama ‘Las Infames’. Es lo que está pasando en ‘Morena’. Se están prostituyendo algunas diputadas, ponen a sus queridos en las regidurías, síndicos y hasta alcaldes…al tiempo!”…

Publicada en mussiocardenas.com
30 de marzo de 2017
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