Luis Ramírez Baqueiro /
“El futuro no es un regalo, es una conquista.” – Robert Kennedy.
Durante las primeras décadas del siglo XX, los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz, podían alcanzar según les facultaba el artículo 68, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado, una suerte de pensión en favor de los empleados públicos que por enfermedad y edad avanzada estuvieran impedidos para el servicio, siempre que tuvieran más de 25 años de antigüedad, lo que se traducía en percepciones simbólicas que no eran justamente correspondientes a la situación de las necesidades del trabajador y que aunado a ello, pasaban por el tamiz que daba la posible aprobación del Congreso.
De esta manera debieron pasar muchos años y al menos muchas otras gestiones para que gobernadores como Jorge Cerdán, Marco Antonio Muñoz Turnbull, Antonio M. Quirasco lograrán amalgamar lo que finalmente en 1967 consumó el entonces gobernador Fernando López Arias al constituir oficialmente el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), en cuya Ley se advierte el aumento de la cuota y aportación a un 6% y se instituyen nuevas mejorías en los beneficios.
Es relevante destacar en su origen el ordenamiento jurídico empleado para el IPE fue una adecuación del que en su tiempo reguló al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con la particularidad de que se ajustó a los perfiles de las necesidades del orden estatal que en su momento se podía otorgar, garantizando con ello el pago de pensiones o jubilaciones, el otorgamiento de préstamos para la compra de vivienda y créditos personales, sin contar con el ramo del seguro médico-quirúrgico y farmacéutico.
Es así que conforme pasaron los años y las administraciones el Instituto fue mermando su capacidad financiera en parte a la actitud voraz de sus funcionarios y de los gobernadores que encontraron en el mismo una fuente permanente de recursos, que mediante favorables acuerdos a los integrantes de su Consejo de Administración avalaron el saqueo descomunal que hoy lo sume en la peor de las crisis, y que le condena a la extinción de no remediar la circunstancia.
Es de este modo como la presente administración del instituto que encabeza Hilario Barcelata Chávez busca encontrar las mejores opciones para continuar dando certeza jurídica a sus derechohabientes y salvando los obstáculos que un sindicalismo charro mantiene maniatado en favor de sus vetustos dirigentes.
El déficit que actualmente enfrente el IPE producto de los 12 años de mayor rapacidad gubernamental de la que se tenga registro, han provocado que la dependencia permanente del organismo se vea supeditada a la voluntad de un Ejecutivo que hoy solo busca capotear los retos provocados en mayor escala por el paso de Fidel Herrera y Javier Duarte.
En la revisión puntual el IPE arrastra un déficit cercano a los dos mil 400 mdp, contando con un patrimonio de tres mil 300 mdp -traducido en bienes inmuebles, hoteles, etc.- que sumados a su Reserva Técnica de 998 mdp hace complicada su operación.
Aunado al dispendio con el que se consignaron algunas de las pensiones que debe el Instituto cubrir a cerca de 20 mil jubilados y pensionados, llama la atención el hecho de que al menos 480 pensiones superan por mucho al grueso de las otorgadas a sus demás pensionados, y es que esas solamente rebasan en promedio los 50 mil pesos mensuales, llegando incluso la más alta a ser de 106 mil pesos al mes, lo que evidentemente mantiene ahorcadas las finanzas del IPE.
Ante ello, ¿qué prepara Hilario Barcelata para rescatar al IPE? Sería la pregunta, o será ¿que está condenado a la extinción?
Al parecer no, el doctor en Economía afronta con seriedad el reto, y ha señalado que el IPE podría dar un vuelco a su mala suerte siempre y cuando existan dos condiciones, una voluntad política y un límite en la aplicación de los posibles derechos garantizados a sus trabajadores.
Para ello se analiza la posibilidad de que mediante una Sociedad Financiera Popular que podría tomar el nombre de “Financiera Veracruzana de Pensiones” pudiera operar y manejar los cerca de 40 mil millones de pesos anuales que representan el pago de las nóminas estatales, con el objeto de actuar como una especie de institución de crédito que a través de la colocación de préstamos a sus derechohabientes cautivos -traducidos en jubilados, pensionados, e incluso trabajadores en activo- accedieran a líneas de crédito que permitieran colocar dinero, que hoy colocan, los bancos, permitiéndole al IPE tener un margen importante de retorno en beneficio del instituto.
Ahora bien, la medida suena muy interesante bajo este nuevo esquema, siempre y cuando se coloquen los candados pertinentes para el escrupuloso manejo del recurso y su constante transparencia, tanto de procesos, como de destino de los rendimientos.
Y es que la viabilidad del proyecto toma fuerza al considerar que hoy los jubilados, pensionados y trabajadores acceden a líneas de crédito con tasas de interés a precio de mercado, que los mantienen cautivos, y que, aun así, son de interés para quienes las solicitan.
El proyecto que aún se estudia daría grandes beneficios para todos, incluso a los mismos sindicatos, que podrían lograr tener acceso a un recurso que hasta hoy no reciben por parte de los bancos al poner a sus agremiados como clientes potenciales.
Esperemos que esta propuesta no se politice y mucho menos se obstaculice, porque hasta hoy, nadie había intentado si quiera dar solución a una problemática tan importante y de gran beneficio social.
Al tiempo.
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