Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Mientras el PRI y el Partido Verde construyen en Veracruz su alianza, denominada “Que resurja Veracruz”, para competir juntos en 178 de los 212 ayuntamientos, el partido del Tucán libra una batalla interna de pronósticos reservados. *** La denuncia del diputado Rodrigo García Escalante es muy clara: Señala que el delegado especial y ex miembro del partido local Alternativa Veracruzana (Ave) Francisco Garrido, está vendiendo candidaturas y regidurías. *** De las 178 candidaturas en las que irán en alianza, al PRI le corresponden 151, mientras que al Verde las 27 restantes. Ahí es donde –asegura Rodrigo Escalante- Francisco Garrido está extorsionando a destacados miembros de la militancia verde. *** Garrido asegura que los señalamientos del diputado tienen que ver con su intención (la de García Escalante) de abandonar a ese partido y sumarse al PAN. *** De cualquier forma, la más dañada en este pleito es la alianza partidista. Así lo deberían entender sus dirigentes y poner fin a esos pleitos de lavadero.
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Poco más de un millón de adultos veracruzanos votaron el 5 de junio del 2016 por Miguel Ángel Yunes Linares para que fuera gobernador de Veracruz, en un período de dos años.
Al ver al estado de Veracruz sumido en la peor crisis de su historia, todos esos veracruzanos vieron en Yunes Linares a un político maduro, de carácter firme y dispuesto a procesar y castigar a los políticos que en ese entonces gobernaban la entidad y eran responsables directos de la grave situación que se estaba viviendo.
Ninguno de ellos consideró que el hoy gobernador fuera poseedor de una “varita mágica” para solucionar todos los problemas de la entidad, pero le reconocieron su tesón, su perseverancia y su fuerza de voluntad, méritos que –suponían- eran los que se requerían para sacar adelante al estado.
No todos compartían esa visión. De hecho una cantidad muy similar de veracruzanos adultos consideró mejor opción al primo hermano, Héctor Yunes Landa, mientras que otro tanto se fue por la alternativa que representaba el candidato de Morena, Cuitláhuac García.
Una vez en el cargo, Miguel Ángel Yunes se dijo “sorprendido” por el nivel de deterioro del gobierno estatal, no sólo en materia financiera, sino que también encontró severas deficiencias en los servicios de salud, en las tareas de seguridad y en el combate a la pobreza.
Está claro que un nuevo gobernador no llega con los ojos vendados al momento de entrar en funciones. Entre junio y diciembre del 2016 Yunes Linares tuvo tiempo suficiente para darse una clara idea de lo que le esperaba. Aunque es cierto que la administración duartista se mantuvo hermética gran parte de ese período, al final e gobernador electo no sólo contó con sus representantes en el protocolo de entrega-recepción, sino que su secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero, ocupó el cargo dos semanas antes de que él rindiera protesta ante el Congreso.
Miguel Ángel Yunes sabía a lo que se iba a enfrentar, pero su obsesión por el poder y su confianza en que podría endosar a sus antecesores la responsabilidad de la crisis, lo animaron a seguir adelante.
Hoy ya es gobernador y percibe que sus cálculos no fueron tan certeros. Los políticos que lo antecedieron no están cayendo a la cárcel con la oportunidad y contundencia deseadas, el gobierno federal no ha sido todo lo solidario que se requiere, las bandas de la delincuencia organizada están tan fragmentadas, que no hay golpe, por contundente que parezca, que ponga fin a la ola de violencia.
Y la pobreza sigue a la alza, y el Congreso no está ayudando mucho, y la prensa ya no confía en sus palabras… ¡Cómo quisiera tener una varita mágica para transformar su realidad!
Por lo pronto, mientras encuentra la fórmula para solucionar mágicamente los problemas que ha hecho suyos, lo que Miguel Ángel Yunes debe hacer es sumar voluntades, coordinar esfuerzos, mostrarse más como estadista, que como dictador. Asumir que no es infalible, y que quien se lo haga notar no es su enemigo. Dejar de confiar en los aduladores, pues son los mismos que antes, a sus espaldas, lo denostaron, y lo volverán a hacer una vez que haya perdido el poder.
El colmo para alguien que busca con tanto afán el poder, no es que nunca lo encuentre, sino que, al encontrarlo, no sepa qué hacer con él.
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Epílogo.
Y el gobierno estatal sigue sin responder. Ha hecho caso omiso al exhorto del Congreso local para que informe sobre las altas registradas desde el primero de diciembre. Lo que los legisladores quieren comprobar es que Miguel Ángel Yunes Linares esté incorporando a personal con el perfil más propicio, con sueldos contenidos y sin antecedentes de corrupción. Pareciera haber interés en mantener la opacidad en el tema de los recursos humanos. *** Los interesados en la sucesión municipal en Xalapa, no deben perder de vista a Nicanor Moreira, un empresario bien conocido en la capital del estado que parece estar construyendo importantes alianzas en el sector privado, que lo pondrían a competir con ventaja en las elecciones del presente año. Se anticipa que la lucha por la alcaldía xalapeña incluirá a muchos aspirantes y la dispersión del voto podría provocar algunas sorpresas. *** En la investigación que –se supone- lleva a cabo el titular de Seguridad Pública en Veracruz, Jaime Téllez Marié, para dar con el que filtró la fotografía de Arturo Bermúdez Zurita al momento de ser fichado, podrían checar, de paso, quién le facilitó a la Agencia Proceso copia de la carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII, abierta en contra del propio Bermúdez, en la que se da cuenta de los ingresos que reportó en sus declaraciones patrimoniales de los seis años de la administración de Javier Duarte, lo mismo que los bienes que -asegura la Fiscalía- adquirió en ese mismo lapso. No hay que perder de vista que en el Artículo 318 del Código Penal de Veracruz se advierte que se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario “al servidor público que por sí o por interpósita persona sustraiga, reproduzca, entregue, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se halle bajo su custodia, o a la cual tenga acceso o conocimiento, en virtud de su empleo, cargo o comisión”. La filtración de carpetas de investigación es práctica común en fiscalías, juzgados y procuradurías de justicia, cuando se pretende agregar presión social. Lo grave del tema es que una vez comprobada tal irregularidad, el individuo que está sujeto a juicio puede recurrir a las instancias federales para obtener su libertad por “faltas al debido proceso”. ¿Lo estarán haciendo a propósito?
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