Arturo Reyes Isidoro / En Coatzacoalcos vive gran parte de mi familia y como ella miles y miles más año con año sufren las consecuencias, verdaderamente criminales porque se pone en riesgo su salud, del cierre de válvulas de la presa Yuribia, en la Sierra de Soteapan, que los deja sin agua, problema que afecta también a familias de Minatitlán y de Cosoleacaque.
En “Prosa aprisa” en varias ocasiones me he ocupado de la grave situación que se padece en esos municipios sobre todo en época de fuerte calor, que allá es casi todo el año, cuando se les corta el agua, problema que impacta a los hospitales y clínicas de salud, pero en general a la industria y al comercio también.
Hasta el sexenio anterior nunca se supo el verdadero motivo de la acción de un grupúsculo de habitantes de esa sierra, quienes incluso llegaron a romper la tubería con el pretexto de que el gobierno del Estado no les cumplía con obras prometidas, aparte de que secuestraban a funcionarios que se presentaban a tratar de negociar con ellos para que depusieran su actitud. Supuestamente luego de negociaciones y acuerdos por fin cedían, para volver de nuevo, recurrentemente, a lo mismo.
Hoy el nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, ha dado a conocer que el verdadero motivo es porque el gobierno de Javier Duarte les entregaba mensualmente, sin ninguna justificación legal, 2.5 millones de pesos mensuales en efectivo, que recibía un líder dizque social llamado Lino González Bautista o Lino González Cruz, quien además junto con su familia cobraba en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos, cuyo control tenía el suegro de Duarte, Antonio Macías Yazegey. Este grupo en los dos últimos años obtuvo 60 millones de pesos sin que se sepa cuál fue su destino.
A decir del gobernador, actúan con impunidad protegidos por un convenio con el gobierno anterior, que decía que las autoridades no realizarían denuncias civiles o penales tanto del fuero común como del fuero federal contra los autores de la liberación o cierre de las válvulas de la presa, acuerdo suscrito el 28 de diciembre de 2014 por los entonces secretarios de Gobierno, Erick Lagos Hernández; de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo; y el entonces procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras.
Yunes Linares informó que en diciembre dejaron en claro a ese grupo que no se aportarían más recursos y que a cambio se implementarían en la zona programas de desarrollo social, de empleo temporal, de vivienda, de mejoramiento de los servicios de salud, de rehabilitación de la infraestructura educativa y de caminos, así como de apoyo alimentario a quienes lo requirieran, lo que no aceptaron porque quieren dinero.
Ayer advirtió que en defensa de más de medio millón de habitantes del sur del Estado va a actuar para liberar la presa, que si el grupo violento retiene a algún servidor público los denunciará por el delito de secuestro y que si para restablecer el Estado de derecho debe correr riesgos los enfrentará.
Si su gobierno actúa, como seguramente lo hará, no faltarán voces que hablen de represión y hasta de violación a los derechos humanos, pero seguramente serán más los que aprueben su acción porque están cansados de ser rehenes de estos vividores que han hecho de la supuesta lucha social un negocio, un modus vivendi. En defensa de los intereses de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos que sufren el problema hasta la desesperación, le pido al gobernador que actúe e imponga la ley y el orden.
Peña incendió el país, pagará costo político
La pradera de la inconformidad social en el país ya está muy seca y no obstante que estamos en pleno invierno, cuando se supone que la gente no tiene la fogosidad del verano, la chispa que provocó Enrique Peña Nieto con el alza al precio de las gasolinas provocó un incendio cuyas enormes llamas cubren el territorio nacional, reflejo del año difícil que nos espera.
Por supuesto que habrá un costo político. Con buen juicio no se puede creer ni esperar que los mexicanos estén deseosos por ir a votar por el PRI y sus candidatos en junio próximo y en una de esas ni en 2018.
Si bien es cierto que en los actos de saqueo a comercios que se han cometido han participado verdaderos vándalos algunos hasta con antecedentes penales, no se puede ignorar que también han sido reflejo del hartazgo de un pueblo que ve y siente cómo lo castigan con un mísero aumento al salario mínimo y un desproporcionado incremento de precios de productos y servicios básicos como las gasolinas, el gas y la energía eléctrica, mientras que quienes como gobernantes han saqueado las haciendas públicas gozan de impunidad, diputados federales y locales se dan bonos, aguinaldos y prestaciones de fin de año escandalosos y ofensivos para el resto de la población, y el gobierno federal no se ajusta el cinturón.
El alza al precio de las gasolinas se dio mientras el Presidente, incongruente con su medida, en lugar de estar dedicado a resolver los graves y urgentes problemas del país y que afectan a los mexicanos disfrutaba de unas lujosas vacaciones y se la pasaba jugando golf en un paradisiaco lugar de Mazatlán. Tardó cuatro días en dar la cara y en lugar de ofrecer una medida emergente de solución a la inconformidad trató de justificar su decisión y de justificarse sin convencer a nadie.
Pese al clamor popular y hasta el reclamo de diputados y senadores de oposición, no anunció que dará marcha atrás, sordo e insensible a las necesidades de la población. Por la fuerza y con la fuerza seguramente pararán los saqueos pero lo que no podrá hacer Peña Nieto será acabar con la gran inconformidad popular que seguramente desembocará en las urnas el primer domingo de junio.
En el caso concreto de Veracruz, cómo no va a haber inconformidad cuando Duarte “y su banda” están impunes, cuando los diputados que le aprobaron todas sus ocurrencias con las que dañó gravemente al pueblo veracruzano, ya de salida se birlaron 75 millones de pesos, un asalto a plena luz del día y sin que siquiera se cubrieran el rostro, y cuando como consecuencia de sus pillerías muchos trabajadores han quedado ahora en el desempleo y sus familias desamparadas.
En el Estado el pasado 5 de junio el pueblo mostró la forma en que se puede desquitar y contribuyó a echar al PRI del gobierno luego de 86 años de mantenerse en el poder. No veo cómo el tricolor va a conservar la Presidencia en 2018 ni cómo va a recuperar la gubernatura en ese mismo año. Peña incendió el país. Las llamas abrasarán a su partido.
¿Y el Presidente cuándo?
Las turbas a veces se vuelven incontrolables. Por eso no se puede desestimar el hecho de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares haya salido ayer a la calle en el puerto de Veracruz e intentara impedir, aun a riesgo de su seguridad personal, los saqueos en plazas comerciales. Por supuesto, no lo logró, pero al menos dio la cara y ofreció regalar despensas de 500 pesos a cambio de no realizar más actos vandálicos.
Me pregunto si el presidente Enrique Peña Nieto se atrevería a una medida similar. Hasta ahora sólo se ha concretado a emitir mensajes por televisión desde la comodidad de su oficina.
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