Aurelio Contreras Moreno / Insatisfacción y decepción fueron algunas de las reacciones que provocó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado de Veracruz, decretada este miércoles 23 de noviembre por la Secretaría de Gobernación.
Aunque sin lugar a dudas se trata de un avance muy importante ante la situación de violencia generalizada en el estado y en particular contra las mujeres por su condición de género, los términos del decreto se quedan mucho muy cortos y son insuficientes para abordar un problema tan complejo.
En primer lugar, destaca su cortedad de miras. Abarca apenas once municipios del estado de Veracruz: la capital Xalapa, Boca de Río, el puerto de Veracruz, Córdoba y Orizaba en la zona centro, Tuxpan, Poza Rica y Martínez de la Torre en el norte, así como Coatzacoalcos, Minatitlán y Las Choapas en la región sur de la entidad.
La Secretaría de Gobernación no tomó en cuenta la petición de que la alerta fuera estatal, y menos aún que tan sólo durante 2016 se han registrado ya 165 feminicidios en por lo menos 67 municipios veracruzanos, uno de los cuales y que no fue incluido es Papantla, de población mayoritariamente indígena, lo que entra en contradicción directa con uno de los resolutivos de la alerta, que establece que se requieren “acciones específicas en los municipios con población predominantemente indígena para que se atienda la violencia contra las mujeres indígenas en la entidad”.
Además, el decreto de la Secretaría de Gobernación es ambiguo. La investigadora y coordinadora del proyecto “Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. Feminicidios en la entidad veracruzana” de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, Estela Casados, mencionó que si bien se establecen una serie de medidas de seguridad, de prevención, de justicia y reparación de los daños, no se asignó un presupuesto para llevarlas a la práctica, lo que en el contexto de crisis financiera que sufre la entidad, las vuelve inoperantes, como ya ha sucedido en estados como el de México y Michoacán.
A pesar de lo anterior, el que por fin se haya decretado la Alerta de Género es un logro de las organizaciones que durante años la promovieron y que encontraron mil trabas por parte del Gobierno del Estado de Veracruz para lograr su objetivo, así como un reconocimiento de la autoridad federal, aunque sea a medias tintas, de que existe un problema de violencia contra las mujeres veracruzanas que es necesario atender.
Aunque el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado expresó que el gobierno estatal acatará lo dispuesto en la Alerta de Género (a lo que siempre se negó el hoy prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa), en realidad será a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, que inicia funciones dentro de una semana, a la que le tocará ponerla en marcha.
Hasta el momento, las referencias del gobernador electo a la problemática de la violencia contra las mujeres han sido escasas y superficiales, lo que para las activistas y organizaciones por los derechos de las mujeres denota poco interés de su parte.
Pero va a tener que interesarse. Por fuerza.
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