Luis Ramírez Baqueiro /
“La conciencia es la luz de la inteligencia. Es la que sabe distinguir el bien del mal.” – Confucio.
La crisis de valores que enfrenta el Sistema Político Mexicano es evidente, se comprueba y se siente, aun cuando para muchos eso no sea importante, qué más da, dirían los integrantes del Duartismo, que finalmente sucumbe ante el hartazgo y asco social, hacia un personaje y sus compinches, que hicieron del ejercicio público una nueva forma de denigrar al ser humano, pisoteando sin escrúpulos la dignidad e integridad de millones de veracruzanos.
La más reciente denuncia brota a la luz, como el pus en la herida del paciente, que, ante la falta de antibióticos y medicamentos, se consume por dentro, hasta esperar el final. Así dejaron estos desgraciados, al Sistema de Salud de Veracruz, agónico, casi inerte
Cual episodio de la serie norteamericana Black Mirror, el espasmo en la política reciente de Veracruz, lo da la actuación de algunos personajes señalados como responsables directos del latrocinio que evidenció que para ellos ¡la vida no vale, nada! Como cantará el gran José Alfredo Jiménez.
La investigación periodística desnudada por El Universal, respecto a la venta de pruebas rápidas para detectar VIH Sida, atestigua, que algunos a pesar de haber realizado el juramento Hipocrático se lo pasaron por el “Arco del Triunfo”, así, el “Juro por Apolo médico, por Esculapio, Hygia y Panacea, juro por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso”, valió menos que un cacahuate, mientras la talega retoza repleta.
Y si, cuando se robaron, -que no esfumaron- más de 9 millones de pesos por un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida para mujeres embarazadas, que resultaron inservibles al dar resultados falsos.
De que sirvió entonces el Programa de Salud Materna y Perinatal, con el que se buscaba determinar mediante este estudio el nivel de anticuerpos en suero y plasma, o suero, plasma y sangre total anti VIH1 y VIH2.
Según señaló El Universal, la denuncia penal interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 2014 y notificada a la Contraloría General del Estado, explicaba como funcionarios sin escrúpulos de la Secretaría de Salud adquirieron en una licitación pública el lote de pruebas.
Al menos los responsables de las áreas operativas, que no administrativas como la Dirección de Salud Pública de los Servicios de Salud detectó que daban falsos positivos y negativos, por lo que ordenó a las 11 Jurisdicciones Sanitarias resguardarlas para que el proveedor las recogiera y las repusiera, cosa que demuestra, que al menos, los que llevan años en esto, como el doctor Alejandro Escobar, no se venden, y siguen preservando su profesionalismo a toda prueba.
Y la pregunta ¿Quién se beneficiaba con ello?
Según los documentos, la empresa Comercio y Servicios Administrativos del Golfo SA. de CV. simuló la reposición y sólo cambió las cajas de empaque, pues tenían el mismo número de lote de las anteriores.
A pesar de dicha circunstancia, los saqueadores colocados exprofeso para tal fin pagaron 9 millones 49 mil pesos a la empresa, confirmando lo que en su momento el entonces secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, refería, las mafias de maleantes y atracadores estaban ahí, aniquilando aun al Sistema de Salud Estatal.
Para ello, y sabedor de las consecuencias que este tipo de acciones implicarían, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación y notificó los hechos a la Contraloría General del Estado.
Pero ¿Quién tejió este entramado? ¿Quiénes son los beneficiarios directos de todo esto? Según refiere el trabajo documental, la historia de corrupción, comenzó cuando de acuerdo con el oficio número SESVER/DAJ/DCA/AP/4303/2014, el 30 de diciembre de 2011 el área de Servicios de Salud contrató a la empresa que ganó, la licitación pública.
De esta forma SESVER adquirió 70 mil pruebas rápidas con un precio unitario de 111.45 pesos y un importe total de 7 millones 800 mil pesos, cantidad que, tras agregarle el IVA, suma un total de 9 millones 49 mil pesos.
Para el 11 de diciembre de ese año, el subdirector de Control y Prevención de Enfermedades, Alejandro Escobar, notificó que las pruebas habían sido canjeadas y redistribuidas a las jurisdicciones sanitarias.
Aun cuando mediaba para ello, una tarjeta informativa con el numeral 522, el funcionario advirtió que en las jurisdicciones de Cosamaloapan, Xalapa y Córdoba se presentaron nuevamente inconsistencias en el producto y resultaban inválidas, con falsos negativos e incluso contaban con el mismo número de lote, lo que evidenció sólo un cambio de empaque -y ahí es donde de nueva cuenta surgen el cuestionamiento, ¿Quiénes se beneficiaron de esto? -.
Pero para ello, se tenía que tener la certeza de dicha información, ante la alerta, directivos de los hospitales generales de Ciudad Isla y Cosamaloapan, entre otros, reportaron falsos positivos, mientras que en Córdoba se reportó que se habían aplicado 10 pruebas rápidas en pacientes cero positivos confirmados (personas infectadas con VIH), pero dieron negativos, por lo que determinaron no distribuir el total.
Preocupados los integrantes de la Subdirección de Control y Prevención de Enfermedades, tras realizar una investigación interna, descubrieron que en octubre de 2012, la empresa habría “repuesto -simuladamente-” las pruebas y al hacer una comparación con los kits proporcionados anteriormente una vez más se comprobó que la fecha de caducidad era exactamente la misma de las pruebas rápidas anteriormente.
La primera respuesta a la incógnita de los beneficiarios, sale a la luz, cuando se comprueba que el entonces secretario de Salud, Pablo Anaya, conoció las irregularidades a través de la tarjeta informativa número 533, emitida el 21 de diciembre del 2012 y que señalaba:
“Las pruebas adquiridas en 2011 presentaron defectos y fueron cambiadas por el proveedor y fueron redistribuidas en las 11 jurisdicciones sanitarias en octubre de 2012, no obstante, existe el reporte de que nuevamente las pruebas presentaron fallas y son inválidas”.
De este modo, y a pesar de tener evidencias del latrocinio, el 17 de mayo de 2013 el subdirector de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, Víctor Manuel Estudillo, rindió un informe pormenorizado de movimientos financieros en el que se comprobó que la dependencia pagó el lote de pruebas.
¿Por orden de quién? Es la pregunta. Y el nombre de Ricardo Sandoval Aguilar, flota como el éter que escapa de la botella, es mismo gas, con la que noquearon, a los veracruzanos, para entonces inertes, cometer el saqueo, más vil del que se tenga memoria.
Al tiempo.
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