Caso Duarte: La familia

Filiberto Vargas Rodríguez / Publicó este miércoles el portal capitalino «24 Horas» lo siguiente:

«La entrega-captura del ex gobernador Guillermo Padrés metió en aprietos a la PGR y no necesariamente por el grueso expediente que tuvo que armar en su contra, sino porque el caso obliga al gobierno a dar resultados cuanto antes sobre Javier Duarte. De Los Pinos salió la orden para que, cueste lo que cueste, antes de que concluya el año aprehendan al veracruzano. Su fuga, nos dicen, ha repercutido de forma negativa en la imagen del Ejecutivo federal como si éste hubiera sido partícipe o, al menos, le hubiesen dado el tiempo suficiente para realizarla. Y es algo que no pueden permitir«.

Y los hechos parecen confirmarlo.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha empezado a apretar donde sabe que duele: en la familia.

Agentes federales se hicieron presentes este mismo miércoles en uno de los domicilios de Antonio Macías Yazegey (padre de Karime Macías de Duarte) en la calle Puebla número 401, esquina con calle Tamaulipas, colonia Petrolera, en Coatzacoalcos.

Llegaron con el pretexto de «cumplir una diligencia». En realidad se presentaron para realizar un cateo. Lo hicieron de forma aparatosa, con un gran número de elementos y bloquearon los accesos a ese domicilio.

Hasta ese sitio acudió Rodolfo de la Guardia García, quien se ostentó como «abogado de la familia» y llegó acompañado de notarios públicos que dieron fe de lo que estaba sucediendo.

El abogado De la Guardia fue representante en México de la Interpol y laboró también en la PGR. En octubre del 2008 la propia PGR lo detuvo por su presunta vinculación con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Testigos protegidos y funcionarios de la SIEDO lo involucraron en las investigaciones de la llamada «Operación Limpieza», que puso al descubierto la infiltración del narcotráfico en la estructura dedicada al combate al crimen organizado.

Cuatro años más tarde recuperó su libertad al comprobar que era inocente de los cargos que se le imputaban y consiguió que le fueran reactivadas las cuentas bancarias que le habían sido congeladas.

Antes de que se realizara este operativo de la PGR, a través de sus abogados, Tony Macías denunció que, junto con su familia, es víctima de acoso y tortura. Señaló que elementos federales vestidos de civil y en vehículos encubiertos vigilan dos de sus domicilios en Coatzacoalcos, por lo que pidió a la autoridad judicial verificarlo.

En un documento enviado a Fidel Quiñones, Juez Décimo de Distrito con residencia en Coatzacoalcos, Macías Yaseguey se quejó de que a pesar de los amparos promovidos están sufriendo «actos de intimidación y seguimiento físico».

El documento fue acompañado de fotografías de los vehículos y las personas que lo vigilan.

La denuncia fue por la presencia de agentes en su domicilio familiar de la avenida Tamaulipas número 600, en la colonia Petrolera, y en otro domicilio en la avenida Abasolo número 1107, en la colonia María de la Piedad, por lo que solicitó al juez que ordenara a personal a su cargo acudir a los domicilios para corroborar los «actos intimidatorios y de tortura psicológica».

Una fuente cercana al caso de Javier Duarte había mencionado que la principal apuesta para lograr su captura era la vigilancia de sus hijos. «No aguantará mucho tiempo sin comunicarse con ellos, sin verlos. Hay personal pendiente de que se dé esa circunstancia para proceder a su captura», habrían anticipado.

Los altos mandos de la PGR tomaron como «una burla a la autoridad» la supuesta carta de Javier Duarte entregada en el Congreso local, para anunciar su retorno al cargo de Gobernador, lo que obligó a la dependencia federal a montar un operativo en el Palacio Legislativo de Xalapa ante la probable presentación del gobernador con licencia.

Ese suceso habría motivado la instrucción para que se «apretara» a la familia y provocar que Javier Duarte salga de su escondite.

Hasta la noche de este miércoles no lo habían conseguido.