Hilario Barcelata Chávez / El gobierno de Veracruz no ha publicado la Cuenta Pública 2016 ni los Informes correspondientes a los dos primeros trimestres de 2016. Esta es la principal razón por la cual las empresas HR Ratings y Moody´s bajaron la calificación de la deuda pública de Veracruz, pues consideran que el desconocimiento de la situación que guardan las finanzas públicas, impide conocer su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros y pone en riesgo a los acreedores.
Una grave consecuencia que puede derivarse de este incumplimiento, es que se aplique una sobretasa adicional de interés, pero lo más graves es que si el incumplimiento no se corrige durante el año, nueve créditos incurrirían en “eventos de aceleración” lo cual significaría que los remanentes de participaciones federales que el gobierno recibe (después haberse pagado el servicio de deuda) dejarían de entregársele, disminuyendo los ingresos del estado.
La razón por la cual el gobierno de Veracruz no da a conocer la Cuenta Pública es porque está intentando ocultar información que revela su quiebra financiera. Tal es el caso del “Pasivo Circulante” cuyo monto se había estado ocultando y el que ahora sabemos equivale a 11,431 millones de pesos (mdp) de acuerdo al documento “Informe de cuentas por pagar” elaborado por la Secretaría de Finanzas. Este documento, revela el engaño de Javier Duarte y del Secretario Gómez Pelegrín, quienes declaraban públicamente que este adeudo era de 3,469 mdp, y como se publicó en el último informe de finanzas públicas del año pasado.
El dato deja ver la hipocresía y deshonestidad de estos funcionarios, pero también representa un grave incumplimiento a uno de los compromisos adquiridos al contratar deuda. Éste consiste en mantener el monto total del “Pasivo Circulante” (PC) en una cantidad inferior o igual a 800 millones de UDIs, lo cual equivale a 4,333 mdp.
Este incumplimiento propiciará también, que los “remanentes” de las participaciones federales (lo que queda después del pago del servicio de la deuda) no se le entreguen al gobierno del estado mientras esta anomalía no sea subsanada.
Otro importante incumplimiento del gobierno del estado es el que consiste en mantener la deuda a un nivel igual o inferior al 80% de los “ingresos de libre disposición” (IFOs) como condición para poder contratar más deuda. Como es posible observar, de 2010 a 2016 la deuda fue incrementando sin que se cumpliera con esa restricción, incurriendo el gobierno en una grave falta.
Finalmente, otra obligación a cumplir es que el Balance Primario (Ingresos totales – gastos totales, menos los intereses de la deuda) debe ser mayor o igual al gasto destinado al pago del servicio de la deuda por concepto de intereses, comisiones y gastos.
En este caso se observa que desde el año pasado el gobierno del estado ya llegó al límite mínimo permitido, que se alcanza cuando la diferencia entre una y otra variable es igual a cero, es decir cuando el pago por servicio de la deuda es igual al Balance Primario. Lo que pone al estado en un grave riesgo pues esa posición financiera, puede muy deteriorarse muy fácilmente, y si el Servicio de la deuda es mayor que el Balance primario, el gobierno estaría dejando de cumplir otro compromiso más con las consecuencias antes expuestas.
La gran amenaza de prevalecer esta situación es que se active lo que se conoce como “evento de vencimiento anticipado”, lo que significa que habría que pagar toda la deuda de manera anticipada, y no al plazo contratado, lo que representaría la quiebra total y absoluta del gobierno estatal.
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