Arturo Reyes Isidoro / Ayer, pasado apenas el medio día, cuando la presidenta del CEN del PRI Carolina Monroy salió a dar su posicionamiento sobre la polarización política que ha creado el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, previa a la transición gubernamental, no pude evitar remontarme a la década de los años 70 del siglo pasado durante los gobiernos priistas de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo cuando se preparaba la caida de un gobernador. Ayer creía respirar ese ambiente previo, que me tocó vivir muy joven ya como reportero.
Se ve que al presidente Enrique Peña Nieto ya le colmó el plato Duarte por la descomposición social, política y económica en que tiene a Veracruz, que está a punto de incendiar el estado –si no es que ya se inició la conflagración– como si no bastara con lo que sucede en Oaxaca, Chiapas y Michoacán, que le envió un mensaje terminante: o te aplacas o te aplacas, que si no lo entiende el gobernador y no lo acata sufrirá las consecuencias, inimaginables para él. Los viejos políticos, políticos políticos priistas, saben muy bien cómo el sistema da pero también quita, y cómo castiga sin consideración alguna.
Para tener una idea precisa del grave problema en el que se metió Duarte, del filo de la navaja en que está, basta ver la orden que le están mandando: “Carolina Monroy, expresó su confianza en que el gobierno de Veracruz generará las condiciones necesarias para que la transición entre administraciones sea tersa, suave y responsable”, dice un párrafo del boletín de prensa del CEN del PRI, cuyo titular habla por sí solo: “El PRI, a favor de la legalidad y de la sociedad veracruzana”.
Mediante un desplegado periodístico, el lunes Miguel Ángel Yunes Linares había pedido a Peña Nieto su urgente intervención para evitar que se apruebe este jueves en la Legislatura un “Paquete legislativo para la impunidad de Javier Duarte y sus cómplices” y otro “para terminar de destruir las finanzas públicas y provocar una crisis social y financiera aún más severa”, además de recordarle que: “Cuando usted recibió el Gobierno Federal de manos de un gobierno emanado de otro partido político (el PAN) el periodo de transición se caracterizó por la responsabilidad y el respeto a la vida institucional”. Peña, de hecho, le respondió ayer a través de Carolina Monroy.
Luego del resultado en las urnas del pasado 5 de junio, el gobernador en lugar de recatarse y aceptar la derrota, no obstante la guerra sucia que desató en contra de Miguel Ángel y del uso de todos los recursos del gobierno que usó en su contra, quien le ganó pese a todo, en lugar de entender que la campaña electoral ya terminó y más actuando por venganza que por cualquier otra consideración, con la peor de las intenciones y lejos del mínimo de civilidad política, decidió sembrarle el estado de explosivos para que le estallaran al tomar posesión el próximo 1 de diciembre sin tomar en cuenta que dañarían no sólo al nuevo mandatario sino a Veracruz y a todos los veracruzanos, quienes pagarían las consecuencias.
¿Cuál fue el delito de Miguel Ángel aparte de ganarle la elección?: el de abanderar el clamor popular de que se castigue con la aplicación de la ley a todos los responsables de haber dispuesto o haber hecho mal uso de recursos públicos por miles y miles de millones de pesos que tienen en grave crisis al estado y que le pega a todos los veracruzanos, y ofrecer que hará a que devuelvan lo que robaron. O sea, nada personal sino un acto de estricta legalidad y justicia para los contribuyentes que se sienten muy lastimados.
Pero el CEN del PRI también se hizo eco del llamado del Gobernador electo para impedir que este jueves en un acto vergonzoso para los diputados priistas se apruebe el llamado “blindaje de impunidad” que permitiría al mismo Duarte y a sus colaboradores evadir la acción de la justicia de comprobárseles su responsabilidad. En un acto inusual y sólo para ventilar el caso de Veracruz, la dirigente nacional tricolor salió a fijar la posición de su partido (del presidente Peña Nieto y del Gobierno Federal).
Fue muy clara: “nuestro partido está del lado de la sociedad veracruzana, de las familias y del estricto cumplimiento a la legalidad” y aseguró que “nada ni nadie puede estar por encima de la ley”, y que el PRI no respaldará un solo acto, dicho o conducta contrarios al estado de derecho. “La dirigente se manifestó por acciones no solamente correctas en el ámbito legal, sino también desde el punto de vista ético”.
A lo anterior se sumó ayer la agresión por parte del grupúsculo llamado de los 400 Pueblos en contra del Gobernador electo y del mismísimo dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya Cortés, sin que el Gobierno del Estado hubiera hecho nada por evitarla, lo que fortaleció la sospecha de que fue alentada desde Palacio de Gobierno. Mediáticamente la prensa nacional hizo víctimas a los panistas y deterioró más la imagen duartista, mientras que Yunes Linares dio muestras de que no se va a echar para atrás ante ninguna amenaza y por eso salió de frente del Palacio Legislativo.
Hay más denuncias, confirma la ASF
La dirigente nacional del PRI salió a dar su conferencia de prensa luego de que el portal informativo Animal Político abrió el día publicando que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 22 nuevas averiguaciones previas en contra del gobierno de Duarte por denuncias que interpuso la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en los últimos tres meses, relacionadas con malos manejos y posibles desvíos de más de 14 mil millones de pesos provenientes de recursos públicos.
Agregó que ellas se suman a las 26 que la PGR ya tenía en integración hasta el pasado 29 de febrero, por lo que la administración estatal acumula ya 48 indagatorias abiertas en total y que de ellas 45 corresponden a irregularidades cometidas en el presente sexenio.
Animal Político dijo que la ASF le entregó la información actualizada de las nuevas denuncias de tipo penal presentadas ante el Ministerio Público Federal en contra del gobierno de Veracruz, pero estimó que habrá más porque todavía se analiza la información relacionada con la Cuenta Pública 2014, en la que el estado nuevamente fue uno de los que tiene mayores irregularidades detectadas, y que en caso de que no se justifiquen se presentarán más denuncias.
También confirmó una reunión el viernes pasado de la Procuradora General de la República, Arely Gómez, con Javier Duarte de Ochoa, aunque no se ha revelado qué trataron.
Colateralmente, también ayer por la mañana estuvieron a declarar ante la delegación de la PGR en el puerto de Veracruz el actual Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán, y el ex Contralor, Iván López Fernández, en torno a las denuncias, pero no han sido los únicos, pero hasta ahora se ha mantenido en reserva lo que han dicho.
Varios diputados del PRI votarán en contra
Aunque ayer el único diputado local del PRI que había insinuado que votará en contra del blindaje de impunidad era Ricardo Ahued Bardahuil, “Prosa aprisa” supo que otros compañeros suyos se podrían rebelar y procederían en el mismo sentido.
No se sabe si luego del mensaje presidencial a través de la dirigente nacional del PRI, Carolina Monroy, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, aconsejará diferir la votación que se espera para este jueves para analizar con detenimiento la situación y actuar en consecuencia.
Llama la atención que ayer en el estado ningún priista de ningún nivel o posición secundó en su llamado a la presidenta nacional de su partido ni cuestionó o reprobó el blindaje de impunidad que se pretende.
Anoche había mucho movimiento en la Casa Veracruz y todos los alrededores estaban llenos de vehículos. Según, estaba reunido todo el gabinete y colaboradores del gobernador.
Decidido, el relevo en el CDE del PRI
En todo el anterior contexto, el relevo en la dirigencia estatal del PRI ya se decidió. Lo operará la cúpula gobernante en el altiplano en acuerdo con actores políticos tricolores del estado que tendrán un papel relevante en las futuras y próximas acciones para tratar de recomponer sus fuerzas con miras a recuperar la gubernatura en 2018.
El nuevo presidente del CDE –ya se acordó quién– trae y operará con línea del grupo mexiquense en el poder, afín al presidente Peña Nieto, que ya ha comprometido a dirigentes nacionales que tienen agrupaciones en el estado para que acuerpen a la nueva dirigencia en busca de la unidad de cara a la renovación de las presidencias municipales en 2017.
Tienen muy claro que si no hay uno no hay dos, por eso se centrarán en el próximo proceso electoral, sin perder de vista el de 2018, cuando enfilarán como su candidato a la gubernatura al senador José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla, según lo han determinado ya en la cúpula priista nacional.
Según la información de que se dispone, en la nueva etapa priista por iniciar quedará sepultada la política fidelista-duartista de confrontación personal contra sus opositores, la nueva dirigencia se dedicará a trabajar en la base y con la base y atenderá sus reclamos, y asumirá un papel de oposición responsable, que incluirá el respeto al nuevo gobernador, sin dejar de luchar por la causa tricolor.
Ayer, por lo pronto, el todavía dirigente Amadeo Flores Espinosa no acudió a la reunión “Diálogos con las Dirigencias” que presidió Carolina Monroy en el edificio del CEN. En su lugar asistió la secretaria general del CDE, Regina Vázquez Saut.
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