Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. «Nos echaron a la Fuerza Civil como si fuéramos ladrones, nos robaron mercancía y no nos dejan trabajar», relatan madres de familia, quienes comercializan artesanías en el centro de Coatepec para mantener a sus hijos.
El pasado 24 de abril fueron desalojadas 31 vendedoras de la calle Jiménez del Campillo y de los alrededores de la iglesia de San Gerónimo.
Inspectores de la Subdirección de Comercio, a cargo de Mario Alarcón, y elementos de la Fuerza Civil, que encabeza el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, retiraron a estas personas de manera violenta.
Herminia Hernández Portilla, de 47 años, desde niña ha ofertado sus productos en dicho lugar y de manera constante ha sufrido abusos por parte de las autoridades.
«Hasta el día de hoy llevamos 17 días manifestándonos porque injustamente nos desalojaron de nuestros lugares de trabajo, nos robaron mercancía, nos echaron a la Fuerza Civil como si fuéramos ladrones y queremos regresar y no nos dejan trabajar».
En esa ocasión, ninguna de ellas fue notificada por el ayuntamiento de Xalapa para que se retiraran de Jiménez del Campillo.
Este martes, unas 15 de ellas protestaron sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde se amordazaron con paliacates rojos e iniciaron una huelga de hambre, para que el gobierno estatal, que encabeza Javier Duarte de Ochoa, intervenga y sean respetados sus derechos.
«Nos desalojaron con violencia, hablamos con el presidente municipal Ricardo Palacios Torres y el de Comercio pero no se nos dio una solución, ellos dicen que están actuando conforme a derecho y que están quitando a todos los comerciantes de la zona, pero no es cierto».
Los ambulantes que pertenecen a las organizaciones Antorcha Campesina y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), ambas afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI), no son hostigados y continúan laborando de manera normal.
«Se nos hace injusto, porque a nosotros sí nos quitaron. A ellos los dejan, a nosotros nos quieren obligar a pagar para que nos regresen nuestra mercancía», remató Herminia Hernández.
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