Édgar Hernández* /
«Si el pueblo, a media noche, dice que es mediodía, hay que prender las farolas”, Carlos A. Madrazo
Notable la incapacidad del gobierno de dar respuesta al reclamo ciudadano de cara a la cascada de marchas y manifestaciones sucedidas a lo largo de la docena trágica.
La más clara manifestación de indolencia e ingobernabilidad saber que el promedio de marchas y manifestaciones en contra del gobierno rebasa el promedio de 16 diarias hasta alcanzar las 7 mil 318 manifestaciones a lo largo del gobierno de Javier Duarte.
¿Es acaso la muestra más notable del repudio hacia su gobierno?
La industria de las manifestaciones –las legítimas, no las que se pagan en las oficinas del secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado- se ha convertido en el peor ejemplo de la no solución a los problemas sociales, políticos y económicos que vive la entidad.
Esa incapacidad de respuesta. Ese valemadrismo ante el justo reclamo de pensionados sin pensión, ejidatarios sin crédito, vecinos sin servicios elementales y la atorrante inseguridad que nos tiene con la vida en un hilo.
De pena ajena enterarnos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa tiene una marca de cuatro a quince protestas sociales al día.
De acuerdo a una solicitud de acceso a la información pública, dirigida a la Dirección General de Política Regional de la Secretaría de Gobierno, avergüenza saber que durante los cinco años de gobierno duartista se han registrado 7 mil 318 manifestaciones.
El tema, sin ser nada nuevo, ya que el acrecentamiento de la protesta se hizo manifiesto desde del 2004 en la era de la Fidelidad, se recrudece desde el primero año del gobierno actual.
Y es que durante 2011, cuando Javier Duarte cumplía un poco más de un año al frente de su administración se adjudicó 2 mil 560, la cifra más alta de su gobierno.
Por el contrario, en 2014 fue el año más “tranquilo”, al registrarse solo 880 manifestaciones, mientras en 2012 hubo mil 792, y en 2013 tuvieron lugar 934 protestas, cerrando 2015 con mil 152.
Tan sólo en el último año, las protestas sociales de algunas organizaciones o sectores se han evidenciado más de lo común.
Destacan en la capital del estado, las tomas de plaza Lerdo y el cierre de la avenida Enríquez por parte de jubilados, maestros, cafetaleros, estudiantes, organizaciones transportistas, taxistas, y colonos de la capital.
Según el citado informe en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán se registraron 9 mil 382 manifestaciones y en su último año de gobierno se dispararon alcanzando las 2 mil 52.
La respuesta a la solicitud destaca que en el 2004 –año de transición- se atendieron mil 372 “expresiones sociales”, como el mismo documento las describe; en 2005 hubo mil 535; en 2006 se presentaron mil 519; en 2007 fueron mil 453.
Para 2008 se tuvo el registro de mil 604 casos; en 2009, hubo mil 219 y en 2010, el año de la transición gubernamental entre Herrera y Duarte de Ochoa se atendieron 2 mil 52 manifestaciones sociales.
Y si bien en no todos los casos se hizo uso de la fuerza pública, sí hubo episodios de desalojos como el de los maestros en septiembre de 2013, o de los jubilados apenas en diciembre de 2015.
Ello sin considerar que en desalojos con motivo de las fiestas patrias o eventos cívicos o actos de protesta por asesinatos de periodistas, la fuerza pública la enderezó no solamente contra los manifestantes sino contra los mismos comunicadores.
En paralelo la aparición de los “Escuadrones de la Muerte” de Arturo Bermúdez, policías vestidos de civiles dio lugar a la siembra de un terror que hoy día ha convertido a Veracruz en un cementerio clandestino de cadáveres.
Esa es tan solo la punta del iceberg delictivo que los hereda la administración en agonía. El tema seguirá dando de qué hablar.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
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