Desapariciones forzadas

- en Opinión

Édgar Hernández* /

¡El Veracruz del no pasa nada es un cementerio clandestino!

Cuando la guerra sucia en Argentina, que dio lugar a la aparición a las “Madres de la Plaza de Mayo” que por más de cuatro décadas han venido reclamando por sus hijos insepultos en alguna zanja, descabezados y arrojados al río de la Plata o perdidos en alguna cárcel, el pretexto oficial siempre fue muy parecido al que hoy esgrime Javier Duarte.

“En Veracruz no pasa nada”, justifica el gobernador. “Sólo hay robos de Frutsis y Pingüinos”, insiste al tiempo que nos la embarra en el rostro de que por una mala no le contamos 99 buenas.

El dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, tuvo que ir a prisión por crímenes de lesa humanidad.

Lo mismo sucedió con Jorge Rafael Videla, ya muerto en prisión con el convencimiento de que había salvado a su patria, y con Emilio Masera y con Orlando Agosti, que llevaron, en aras de su “democracia representativa” a la desaparición y muerte a millares de sus connacionales.

Son los mismos que empujaron a su país a una guerra –las Malvinas- con Inglaterra y los que al final derrotados y desacreditados se fueron a prisión.

¿En Veracruz sucederá lo mismo?

Esa será una decisión presidencial cuando arribe el nuevo gobierno si es que es priista, ya que si gana Miguel Angel Yunes Linares la gubernatura no solo lo empujará a la cárcel, a él y su banda de saqueadores, sino que les embargará todos sus bienes y los juzgará por todas las atrocidades cometidas en los últimos doce años.

Tema aparte lo serán las desapariciones forzadas.

¿Cuántos veracruzanos han muerto producto de levantamientos, secuestros por dinero, venganzas por alianzas con el crimen, equivocaciones fatales y desapariciones de los enemigos del gobierno que no son pocos?

No sé.

Tal vez sean cientos, acaso miles. Tan solo por feminicidios mil 600, tan solo por reclamo de padres de familia varios cientos de miles, por periodistas muertos 14 y a la cuenta habría que sumar el secuestro de empresarios, familias adineradas y decenas, acaso cientos de cadáveres que se han encontrado en fosas clandestinas a lo largo y ancho del territorio.

Un día se habrán de levantar los cimientos de las nuevas construcciones de la Academia de Policía de El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata y excavar a sus alrededores para constatar a que se debe ese fétido olor –por años-, lugar favorito de las aves de rapiña.

Ojalá ese lugar no sea el origen del holocausto.

Algún día, ya pronto, se sabrá qué pasó con Gabriela, con Gibrán, con los cinco de Tierra Blanca y tantos y tantos jóvenes que de la noche a la mañana no se supo más de ellos.

Unos fueron muertos, otros incorporados a las filas de los Zetas… todo un entramado.

Acaso por eso los desaparecidos de Tierra Blanca que tanta notoriedad internacional han alcanzado, sean la gota que derrama el vaso de tanto abuso de autoridad.

Y es que Veracruz gana el primer lugar en el tema aunque históricamente en México la práctica de desapariciones forzadas de personas data de la época de la llamada guerra sucia, iniciada en la década de los años 60.

No obstante, aunque dicho fenómeno surge en el seno de regímenes autoritarios, hoy día no es exclusivo de Estados que se encuentran en contextos dictatoriales o de conflicto, sino que se encuentra presente en gobiernos “democráticamente elegidos”, como es el caso de Veracruz.

Actualmente la desaparición forzada de personas sigue presente en el día a día del gobierno de Javier Duarte, generando graves consecuencias para sus víctimas, familiares y la sociedad en general.

Según la “Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, proclamada por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, se producen desapariciones forzadas siempre que:

“Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

¿Es el caso de Veracruz?

Por supuesto.

El propio Fiscal General de Veracruz, Luis Angel Bravo lo ha admitido públicamente al reconocer que la policía de Playa San Vicente entregó a los cinco jóvenes al crimen organizado. Sin embargo y a pesar de la declaración de fe oficial “en Veracruz no pasa nada”.

Ya falta menos.

Tiempo al tiempo.

 

*Premio Nacional de Periodismo

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