Filiberto Vargas Rodríguez / El Artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que “el Congreso del Estado se reunirá a partir del cinco de noviembre de cada año para celebrar un Primer Período de Sesiones Ordinarias, el cual concluirá el día último del mes de enero del año siguiente”.
Esto es. El período actual de sesiones ordinarias concluye el 31 de enero, dentro de diez días.
El tema no es menor.
Y es que este jueves 21 de enero, el Congreso local resolvió sin cumplir el trámite de envío a comisiones, la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Gobernador de Veracruz desde el pasado lunes 18 de enero, para “garantizar el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, lo que significa criminalizar el aborto.
La Constitución Política de Veracruz y la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo advierten que sólo se podrán dispensar los trámites reglamentarios (que incluyen que las iniciativas sean turnadas a Comisiones para su revisión y dictamen, antes de someterlas a votación) “en el caso de urgencia u obviedad, calificado por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, o cuando esté por terminar algún período de sesiones”.
Faltan diez días para que concluya el período de sesiones, por lo que la “urgencia u obviedad” fue decidida por las dos terceras partes de los legisladores. Esto es, que hubo “línea” para sacar como albazo y por mayoriteo la aprobación de dicha iniciativa, con el fin de evitar que los grupos que se han manifestado en contra de la misma realizaran manifestaciones de protesta.
No lo consiguieron del todo. Desde las tribunas del Congreso local se escucharon consignas en contra de la iniciativa de reforma, por la que ha presionado –y muy fuerte- la Iglesia Católica.
El primer round fue superado por Javier Duarte, quien lanzó en prenda su reputación (o lo que queda de ella) para otorgarle esa concesión a la alta jerarquía eclesiástica.
Sin embargo, no todo está perdido. Las iniciativas de reforma a la Constitución deben ser aprobadas en dos períodos constitucionales consecutivos. El siguiente período ordinario de sesiones iniciará el dos de mayo para concluir el día último del mes de julio.
Y no sólo eso. Ya que hayan conseguido las dos aprobaciones consecutivas, el dictamen deberá ser ratificado por al menos 107 Ayuntamientos de la entidad.
Hay, pues, espacios de expresión y de trabajo político para que los grupos que se oponen a esta reforma hagan su labor.
En septiembre del 2015, con motivo de celebración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México exigió al Estado mexicano detener “su afán” por criminalizar a las mujeres, y a que dé marcha atrás a las reformas legislativas en 17 estados del país que fueron aprobadas para “proteger la vida desde la concepción o fecundación”.
En ese momento los estados señalados de tener legislaciones que sancionan a quienes se practiquen un legrado, fueron Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Chihuahua.
A todos ellos pretende sumarse Veracruz, a pesar de la fuerte resistencia social.
De lado quedaron argumentos como la protección de los derechos humanos de las mujeres, que deben gozar de autonomía sobre su propio cuerpo.
O el hecho de que se trate de un problema de salud pública, pues está documentado que el aborto clandestino representa una de las primeras causas de muerte materna.
Mientras se siga despenalizando el aborto, se seguirá fortaleciendo el aborto ilegal, que representa un negocio millonario para los médicos que actúan en la clandestinidad.
De lo que no hay duda es que antes de aprobar una reforma en ese sentido se debe abrir el tema a una amplia discusión entre la sociedad, lo que están queriendo evadir las autoridades de Veracruz.
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