Filiberto Vargas Rodríguez / La desaparición en Tierra Blanca de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, tras su detención por parte de elementos de la Policía Estatal, no nos ubica en un caso más de abuso policiaco, sino ante la evidente confabulación de las fuerzas del orden con la delincuencia organizada.
No es la primera ocasión que eso ocurre con autoridades locales.
El primero de junio del 2009, por ejemplo, fue secuestrado, en el puerto de Veracruz, el administrador de la Aduana, Francisco Serrano Aramoni.
Las investigaciones permitieron concluir que el funcionario aduanal entraba con su vehículo al puente “Morelos”, en Veracruz, cuando fue impactado de frente por una camioneta de la que descendieron sus captores, armados, vestidos con uniformes de la “AFI” (en ese entonces las siglas de la Agencia Federal de Investigaciones), quienes se lo llevaron.
Más tarde se descubrió que elementos de Tránsito municipal, al mando de José Osiris Cruz Cabrera, habían participado en el secuestro.
Hoy el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras dio a conocer que los policías implicados en la desaparición de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, entregaron a sus víctimas a una célula criminal.
Bravo Contreras anunció la detención de una persona más involucrada en los hechos, con lo que suman ya siete los presuntos responsables capturados, entre ellos el delegado de Seguridad Pública en Tierra Blanca Marcos Conde Hernández.
Luego de detener a los cuatro jóvenes y a una menor de edad por conducir a exceso de velocidad, los elementos policiacos los entregaron a un grupo criminal.
¿Hasta dónde ha llegado la infiltración de la delincuencia organizada, en las corporaciones policiacas de Veracruz?
¿Dónde están las nuevas generaciones de policía que año con año egresan de la academia de El Lencero?
¿Qué está pasando con los exámenes de confiabilidad?
Un caso más en el que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos peca de omisa.
La empresa “Consulta Mitofsky” dio a conocer el año pasado el seguimiento a los niveles de confianza que la sociedad tiene de las instituciones. La policía está entre las tres con calificación más baja. Sólo la superan los diputados y los partidos políticos.
El ciudadano no sólo no cree en la eficacia de las autoridades policiacas, sino que les teme. Asume que son personas poco confiables y que además tienen permiso para usar armas, lo que las hace aún más peligrosas.
Apenas en el mes de noviembre, durante la glosa del quinto informe anual de labores, el titular de Seguridad Pública en la entidad, Arturo Bermúdez Zurita aseguró que en Veracruz “se tiene una policía confiable”, pues la totalidad del personal operativo ha sido evaluado.
Lo que corresponde, entonces, es revisar los parámetros y métodos de evaluación, toda vez que un grupo de esos elementos evaluados (y aprobados debemos suponer) hoy se encuentran detenidos, señalados de estar confabulados con el crimen organizado.
Ese día Bermúdez Zurita fue claro respecto a los esfuerzos que realiza para proveer a Veracruz de una institución de seguridad que inspire confianza:
“Construir una Policía confiable y leal a la ciudadanía –dijo- no es tarea fácil. Hemos cumplido con el objetivo de construir los cimientos de una Policía cercana, comprometida y dispuesta a sacrificarlo todo por un Veracruz Seguro a cinco años de iniciar el cambio, este es nuestro principal legado, cuya única filosofía es servir a Veracruz y a México”.
Alguien tiene que avisarle que esos cimientos de los que tanto presume, presentan severas fisuras.
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